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El Catastro identifica a los titulares de 2.500 fincas de dueño desconocido para que tributen

Casi un millar de estas parcelas están ubicadas en Pontevedra -Los propietarios están obligados ahora a abonar el IBI y se les podrá reclamar el recibo de los pagos atrasados

Instalaciones de una oficina de información catastral. // Bernabé/Javier Lalín

Más de 350.000 fincas en Galicia, ubicadas la mayoría en el monte gallego, no tienen un propietario conocido. No están inscritas en el registro de la propiedad y se desconoce quién es el titular de estos bienes, de manera que no tributan porque no hay un nombre o una dirección a la que pasar los recibos. El Catastro lleva años investigando estas propiedades para tratar de identificar a sus dueños y, a pesar de la complejidad de la tarea, se van obteniendo resultados. En 2014 se localizó a los titulares de 2.500 fincas, 953 de ellas en la provincia de Pontevedra, de manera que ahora estarán obligados a tributar por estos bienes y pagar también el correspondiente recibo del IBI.

En todo caso las inspecciones continúan, según informan desde la Dirección General del Catastro. Galicia es la autonomía donde se investigan más fincas. El 35 por ciento de todas las pesquisas que se hacen en España tienen como escenario la comunidad gallega. La estructura de la propiedad de Galicia caracterizada por un fuerte minifundismo es una de las razones que explica el elevado número de fincas que no tienen un propietario conocido y que, por lo tanto, permanecen en el limbo tributario.

Es común que esto suceda sobre todo con las herencias: el propietario muere y los herederos no llegan a inscribir nunca la nueva titularidad de las fincas en el Registro de la Propiedad. La emigración complica a veces la identificación de los dueños que mueren en el exterior y cuyos hijos ni siquiera llegan a conocer las propiedades que les han quedado en herencia. Se considera que tienen derecho a un bien los familiares hasta el cuarto grado (el equivalente, por ejemplo, a primos carnales). Y puede ocurrir que el propietario de la finca fallezca sin dejar herederos.

Aunque el Catastro investiga estas fincas para localizar a los titulares desde el año 2005, con la llegada de la crisis y la escasez de recursos públicos se intensificaron las inspecciones. Para ello colabora con los registros de la propiedad, los ayuntamientos y las diputaciones. En los controles participan además todas las subgerencias territoriales del Catastro. Por un lado, el organismo estatal realiza las tareas de investigación necesarias para determinar la titularidad de los inmuebles. El Catastro revisa sus bases de datos sobre fincas e inmuebles. Normalmente los técnicos peinan cada provincia por zonas. Eligen una comarca, llevan a cabo un recuento de los bienes que hay que identificar e inician el trabajo. Entonces envían cartas a los ayuntamientos o a las diputaciones para recabar información sobre los posibles dueños. Con estas averiguaciones, la gerencia territorial envía un requerimiento a los posibles titulares solicitando documentación sobre el inmueble en cuestión.

Si se determina quien es el titular, la propiedad queda sometida a tributación y el ayuntamiento podrá incluso girarle todos los recibos atrasados.

Si tales investigaciones resultan infructuosas, el expediente se remite a la Dirección General de Patrimonio. Este organismo, inmediatamente, inicia un expediente de investigación patrimonial por su cuenta para descartar de forma concluyente que la finca o la casa no tiene titular. Tras los dos años que suele durar ese proceso, el Estado -si ha lugar- declara esa propiedad de titular desconocido como suelo vacante y lo incorpora al Patrimonio del Estado.

Seguridad jurídica

Desde el Ministerio de Hacienda explican que con la campaña para identificar a estos propietarios no solo buscan mejorar los ingresos de los ayuntamientos con una mayor recaudación por el IBI sino también "dar una mayor seguridad jurídica" a estas fincas evitando que haya espacios considerados "tierra de nadie".

Las pesquisas del Catastro para identificar a los dueños de estas propiedades sin titular conocido fueron alentadas además por el Defensor del Pueblo, quien en un informe realizado hace tres años sobre la realidad catastral de España había pedido a Hacienda un mayor esfuerzo para que estas fincas "que tienen un dueño contribuyan como el resto de los españoles".

La investigación de fincas sin propietario no es la única abierta por el Catastro para mejorar la recaudación por los inmuebles. Hacienda también está rastreando posibles bienes ocultos para que tributen. Desde que se puso en marcha este plan se regularizaron ya 25.600 inmuebles, lo que ha permito elevar la recaudación en Galicia en 14 millones de euros.

El Banco de Terras de la Xunta incorpora ya unas noventa parcelas sin propietario

  • Los trabajos del Catastro para tratar de identificar y localizar a los dueños de fincas cuya titularidad se desconoce no siempre terminan con éxito. En ocasiones, resulta imposible averiguar quién es el propietario. Si eso sucede se abre un expediente para incorporar esas parcelas al Patrimonio del Estado. La Xunta firmó en 2013 un acuerdo con el Gobierno para que cediera estas fincas al Banco de Terras de Galicia (Bantegal) y así poder arrendarlas entre los agricultores interesados en cultivarlas.El proceso es lento pero el año pasado habían conseguido incorporarse ya a este Banco de Terras un total de 88 parcelas con una superficie de 130 hectáreas. Según la última información aportada por la Xunta, Hacienda ultima la cesión de otras 130 hectáreas más.Antes de que se integren en el Bantegal, las tierras son revisadas por los técnicos del Gobierno gallego y sometidas a una puesta a punto ya que, en ocasiones, llevan años yermas.El Catastro, sin embargo, no es el único que investiga la titularidad de estas fincas de propietario desconocido. La Xunta también ha puesto especial empeño en ello puesto que estos terrenos suelen estar abandonados y llenos de maleza y, en ocasiones, cuando están cerca de los perímetros de las poblaciones pueden ser peligrosos en caso de incendio. Por esta razón, la Consellería de Medio Rural decidió realizar una exhaustiva cartografía del territorio gallego, empezando por algunas zonas piloto, para determinar a quién pertenecen las parcelas incluidas en estas franjas de seguridad de incendios. De esta manera, podrá obligar a los propietarios a limpiarlas o, al menos, pasarles la factura por los trabajos.

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