Varios de los nueve miembros de Causa Galiza detenidos el 30 de octubre en la operación Jaro, que el Ministerio de Interior identificó como un golpe al "entorno" de Resistencia Galega, y puestos en libertad el pasado día 2 con diversas imputaciones por pertenencia a organización terrorista, defendieron ayer el trabajo "público y legal a la luz del día" de su formación política. La actividad de esta fue suspendida durante dos años por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Ayer mantuvieron reuniones con organizaciones como BNG, Anova, CUT, FPG o Adega, entre otros, para trasladarles el "atropello policial y judicial" al que se han visto sometidos. Barajan iniciar "medidas de respuesta" ante esta situación que estarán "dentro de la legalidad" y se desarrollarán "a la luz pública", informa Europa Press.
Joám Peres, uno de los detenidos, explicó que estudian convocar una movilización a nivel gallego en las próximas semanas para "defender los derechos civiles y políticos" de la ciudadanía y denunciar el "proceso de ilegalización encubierta" que está sufriendo, en su opinión, Causa Galiza.
Además, declaró que la Guardia Civil no encontró, durante los registros, "ningún instrumento ni información" que "impute" a esta organización en "actividades ilegales".
