La investigación puesta en marcha en Pontevedra por la juez Pilar de Lara, instructora de la operación Pokemon no solo está dirigida contra el alcalde, Miguel Fernández Lores y su concejal de Hacienda, Raimundo González Carballo, sino que incluye a un total de once personas, entre ellos al menos tres funcionarios municipales de alto nivel, y a dos empresas, Plana Artes Gráficas y la agencia de viajes Bives Tour. A todos ellos, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) realizará un seguimiento de "su actividad económica y fiscal".

Además de Lores y González Carballo, ambos en el gobierno local desde 1999, la relación incluye al exconcejal del PSOE hasta 2011 José Valcárcel, el representante de Aquagest en Pontevedra, el extesorero del BNG Xosé Gontá, tres funcionarios municipales de alto nivel, tres personas más también vinculadas al Concello y las dos empresas citadas. Así consta en el auto de la magistrada en virtud del que dos agentes del SVA registraron el miércoles dependencias municipales. En esa operación, los servicios económicos municipales entregaron "los expedientes originales y completos de todos los concursos y contratos", con Aquagest, así como "todas las aportaciones de cualquier tipo, patrocinios, donaciones u otras realizadas por alguna de las empresas" del grupo Aguas de Barcelona.

Los agentes se llevaron 79 tomos del capítulo de ingresos, con unas cien facturas vinculadas a Aquagest, y otros 244 libros de gastos, con medio millar de esos recibos. Además retiraron unos veinte expedientes de obras de la empresa, entre ellos el contrato de adjudicación del servicio de agua de 1997, que concluye en 2017, explicó ayer el concejal de Régimen Interior, Vicente García Legísima.

Otro de los encargos de la juez al SVA fue el de "practicar gestiones para averiguar si finalmente se llevó a cabo la contratación" de cinco personas, dos con parentesco con funcionarios municipales. Las pesquisas del SVA incluyen emails enviados desde el Concello a Aquagest con currículums de esas personas.

Pilar de Lara también encargó a Vigilancia Aduanera completar el informe de los supuestos regalos de la empresa a cargos y funcionarios públicos con "un cuadro en el que consten ordenados por municipios y provincias, precisando la categoría o tipo de regalo, la identidad de los destinatarios, cargo o puesto de trabajo, fechas si constaran, categoría del regalo y regalos en cuestión, así como empresas o entidades donde se adquirían tales regalos".