La investigación de la Agencia Tributaria por un supuesto caso de fraude en la organización de cursos subvencionados por la Xunta amplió ayer su radio de acción con otra empresa con sede social de Lalín. Agentes de la Guardia Civil detuvieron a J.F.R., de 58 años de edad, y a J.G.R., de 47 años, ambos vecinos de la cabecera comarcal dezana, como supuestos autores de los delitos de estafa, falsificación de documento público mercantil y fraude de subvenciones.
Los detenidos son administradores mancomunados de una fontanería sita en A Corredoira y habían solicitado subvenciones para cursos de formación que no llegaron a realizarse pese haber recibido el dinero para ello de la Xunta de Galicia y de la Unión Europea, según informa la Benemérita. Estas detenciones son fruto de las investigaciones que el Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín venía realizando dentro del marco de la Operación Qatedra.
Los dos arrestados ayer en Lalín quedaron en libertad con cargos por decisión de la jueza instructora del caso, y tienen la obligación de presentarse en el Juzgado de Instrucción Número 1 de los de Lalín, que es el que entiende de la investigación, cuando para ello sean requeridos. Desde la firma de fontanería declinaron ayer realizar declaraciones.
Las detenciones efectuadas ayer en Lalín son continuación de las realizadas el pasado 25 de agosto, donde se arrestaron a otros dos vecinos de la localidad (C.L.A. y J.A.L.A.) y otro de Ourense (S.C.N.), estos encargados de impartir cursos, quedando los tres también en libertad con cargos. Entonces, agentes de la Guardia Civil realizaron un registro sorpresa en la sede de la empresa lalinense Proyectos y Sinergias Empresariales (Prosem), acusada de un supuesto cause de fraude fiscal por, presuntamente, recibir fondos de la Xunta para la organización de cursos de formación que, luego, en determinados casos, ni llegaban a impartirse. La investigación partió de una actuación de la Agencia Tributaria en la relación con la citada empresa que se dedicaría presuntamente al cobro fraudulento de subvenciones en la organización de seminarios formativos. La Justicia habría descubierto en este caso facturas por 800.000 euros en 2010, tal y como indica el informe oficial del fisco, que además señala que podría haber responsabilidad penal en los receptores de facturas. La empresa habló en su momento de acusaciones "rotundamente falsas".
La titular del Juzgado Número 1 de Lalín remitió al Gobierno gallego en septiembre un oficio en el que le otorgaba el plazo de un mes -el escrito llegó a San Caetano el pasado 21 de septiembre- para que le aporte la relación de empresas de toda Galicia que recibieron fondos públicos para organizar seminarios formativos durante el año 2010, aunque sólo aquellos dirigidos a personas desocupadas. El juzgado también solicitó al Ejecutivo autonómico información acerca de los controles realizados en la celebración de los seminarios de formación, siempre ciñéndose a actividades orientadas a trabajadores en activo y en ningún caso a desempleados.
La conocida como Operación Qatedra no está ni mucho menos cerrada. La investigación sigue su curso y no se descartan nuevas detenciones tanto en Lalín como en otros puntos de Galicia.
En la provincia de A Coruña, otra juez investiga otra supuesta trama de corrupción con cursos de formación, también subvencionados por la Xunta. Es la operación Zeta.
