Álvaro García-Ortiz: "Trece años después del Prestige seguimos sin órganos especializados para macrocausas"

-Ya han pasado 13 años del Prestige

-Deben ser organismos especializados los que enjuicien causas complejas. Si hubiéramos tenido un órgano especializado, bien porque la instrucción la llevara un fiscal especializado o bien porque fuera un órgano judicial especializado seguramente hubiera sido más rápido. Porque un juzgado de instrucción como el de Corcubión, con un ámbito competencial muy pequeño, carece de medios suficientes para poder ir contra un asunto de esta envergadura.

-Más de una década después de la marea negra, España todavía no está preparada judicialmente para asumir una causa así?

-Seguimos con la idea de que el juez predeterminado por la ley territorialmente es el que tiene capacidad para instruir todo lo que ocurre en ese territorio. Pero eso en causas complejas o en delincuencia transnacional no es operativo ni eficaz ya que esas instrucciones no avanzarán al ritmo que irían en la Audiencia Nacional, que es un organismo especializado y con muchos medios para hacer cumplir todas las resoluciones.

-Se agilizaría el proceso si, como propuso esta semana el PSdeG, se legitimase a Fiscalía para requerir las indemnizaciones en causas complejas como el Prestige

-La investigación para el fiscal es una demanda de la carrera fiscal. Es hacia dónde vamos, pero la cuestión es que llevamos mucho tiempo yendo y la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se ha modificado en ese sentido. Somos prácticamente el único país de nuestro entorno en el que la investigación no está en manos del fiscal. Un organismo especializado, como es la Fiscalía, tendría una capacidad más operativa.

-¿Qué vías se abrirán si el Supremo rechaza los recursos o si por el contrario los acepta?

-La pretensión condenatoria por delito medioambiental conlleva una responsabilidad civil. Y si hay una sentencia en ese sentido habrá que pronunciarse también sobre esa responsabilidad civil. Está en manos del Supremo la interpretación tanto de los hechos para condenar o no como de la propia interpretación jurídica de la responsabilidad civil derivada del delito en un vertido de hidrocarburos. Si se rechazan los recursos, la vía penal queda agotada.

-Los más de 4.000 millones de euros que reclama la Fiscalía, ¿solo son para las administraciones que adelantaron las indemnizaciones o también para los afectados?

-Las indemnizaciones son un mar: hay perjudicados que han cobrado a través de los decretos de indemnización del Estado y se sienten satisfechos, otros que cobraron un parte a través del Fidac, algunos que no han sido reconocidos como ellos entienden y otros que están en la causa como puros perjudicados. Y luego están las administraciones, el Estado, la Xunta o incluso el estado francés o municipios o perjudicados franceses. El abanico es amplio, pero los decretos de indemnización del Prestige han permitido que no haya un clamor porque una parte importante ya ha sido resarcida.

-¿Con los recursos presentados ante el Supremo, a qué cuantía máxima se puede optar?

-Esto tendrá que interpretarlo el Supremo. Desde la Fiscalía solicitamos más de 4.400 millones. Es cierto que con solvencia patrimonial tenemos a la aseguradora, y hay un límite en esa póliza de 1.000 millones de dólares.

-¿Esperaba que la instrucción diese más de sí y que se pudiese llegar más lejos y sentar a más partes en el banquillo?

-Ojalá hubiéramos podido llegar más lejos en la instrucción, sobre todo con la armadora y la fletadora. La vía de la fletadora se esfumó al principio de la instrucción. Incluso la instrucción francesa tuvo el mismo problema: no poder ahondar en un entramado económico-financiero complejo porque en esos momentos los instrumentos de cooperación internacional no estaban tan afinados como ahora ni éramos capaces de desentrañar más este mundo. En cuanto a la armadora, pudimos explorar hasta el director de las actividades del propietario, pero falleció y ese entramado también se diluyó en la distancia y en las complejidades que tiene el mundo del mar.

-Como fiscal delegado de Medio Ambiente también lleva los casos de incendios. Desde la ola de 2006 ¿en qué se ha mejorado?

- Algunas técnicas de investigación han mejorado: localización de móviles incluso algún medio audiovisual como cámaras de trampeo que antes era más complicado porque no teníamos acceso a ellas. Ahora los atestados vienen mejor definidos, las policías cada vez afinan más. Se ha eliminado el jurado, que procesalmente supone que sea más ágil la instrucción. En cuanto a la prueba testifical, es un campo en el que siempre merece la pena avanzar. No tanto en el testimonio directo sino en la capacidad que tienen las personas del entorno de los supuestos incendiarios para proporcionar datos objetivos que nos permitan avanzar en la investigación.

-¿Cuándo se utilizan las cámaras de trampeo?

-Tiene que haber una investigación previa. Se colocan en los lugares para saber qué y dónde buscar. No son un gran hermano que desde arriba vigila todo, sino que son instrumentos que durante una investigación se pueden utilizar para determinar quién es el culpable o tener pruebas contra él. Estas cámaras se utilizan en incendios, furtivismo, lazos para animales?

-Quien prende una vez, ¿prende más?

-Se dice que sí, pero no lo sabemos. La rumorología no es la determinación de la auditoría. Conviene diferenciarlo para no criminalizar a colectivos o personas concretas salvo que tengamos pruebas suficientes. El incendiario tipo entendemos que suele repetir, bien tenga un fin concreto o no lo tenga. No hay grandes estadísticas sobre esto porque la muestra es pequeña.

-¿La mayoría de condenados en Galicia son reincidentes?

-Podemos pensar que han cometido varios incendios aunque solo seamos capaces de probar uno, pero judicialmente no tenemos reincidentes.

-¿Son objetivo de vigilancia y seguimiento policial los incendiarios sospechosos?

-Dentro de las facultades que tiene la policía de seguridad ciudadana, está el comportamiento preventivo que hace que haya un seguimiento para conocer el lugar, el ambiente y quién puede realizar estas actividades. No significa que invada sus derechos fundamentales, sino simplemente que sobre el terreno hay una presencia policial y una necesidad de conocer y tener información sobre estas personas.

-¿Cuántos sospechosos están en este plan de seguimiento?

-No le puedo decir. Aunque pudiera, no lo diría.

-¿Cuál es el perfil del incendiario en Galicia: uno con problemas psicológicos o vecinos que cometen una negligencia durante la quemas de rastrojos?

-Hay que distinguir. Si hablamos del imprudente que quema rastrojos es más sencillo hacer un perfil. La idea de utilización del fuego como instrumento pertenece a generaciones más antiguas, más inconscientes quizás de lo que significa prender fuego. El riesgo en la actualidad es mucho mayor porque el territorio está más desordenado y el uso del suelo en la zona donde ellos prenden el incendio no tiene las defensas de antaño, cuando todo estaba ordenado y cultivado. En cuanto al incendiario intencional y doloso, se trata de un varón por encima de 40 años, solitario y que actúa solo. Esa soledad de actuación viene determinada por un comportamiento antisocial o un problema asociado a una patología o algún consumo.

-¿Hay cierta permisibilidad con el vecino que quema rastrojos cuando está prohibido?

-Xunta, Policía Autonómica y Guardia Civil velan por el cumplimiento de las autorizaciones de quemas. Pero hay que decir que son muchísimas las que existen en Galicia. Prohibir absolutamente las quemas tiene un efecto contraproducente y abrir la mano tiene una dificultad de control. Veo más tolerancia social, más comprensión en el entorno de quien quema sin permiso que en los poderes públicos que tienen claro el peligro que esto representa.

-¿Se deberían elevar las condenas, ejercería un efecto disuasorio o ese no es el problema?

-Ese no es el problema. De hecho se han elevado las penas. La naturaleza disuasoria del delito está cumplida con el hecho de que esté inserto en el Código Penal. Básicamente, el problema que tenemos es de prueba, no de tipo penal.

-¿Falta prevención?

-Naturalmente. Cualquier medida preventiva es bienvenida. El problema es hacerlas ejecutar. No estamos hablando de Galicia como un espacio ordenado, sino que tenemos un minifundismo y multititularidad exagerada, donde incluso descubrir la propiedad de un terreno es complicado. Y ordenar toda esa propiedad privada es muy complicado y es un problema difícil de solucionar. Estamos en un escenario muy complejo de minifundio y multipropiedad y abandono del rural a la vez. Ese es un cóctel explosivo.