El aumento del gasto en prestaciones por desempleo durante los años de crisis llegó acompañado de un incremento del fraude que, según las cifras del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se disparó un 268% en España desde 2007. En Galicia el Ministerio de Trabajo cifra en 22,8 millones de euros el cobro indebido de prestaciones por desempleo, según el último informe enviado al Tribunal de Cuentas con datos relativos al 31 de diciembre de 2013. Se trata de perceptores que no cumplían los requisitos o que cobraban el paro pese a recibir otras ayudas incompatibles o estar trabajando. En estos casos el Gobierno les exige la devolución del dinero y, si no se produce de forma voluntaria, se puede ordenar incluso el embargo de bienes o cuentas.
Solo la Inspección de Trabajo retiró el pasado año 400 prestaciones a desempleados gallegos por las irregularidades detectadas. Sin embargo, no cifra el volumen de subsidios que tienen que devolver.
A petición del Tribunal de Cuentas el SEPE elaboró un inventario con la cuantía de cobros indebidos que tiene pendientes de devolución en los que se incluye no solo el fraude detectado mediante la inspección laboral sino también el descubierto tras cruzar datos con otras administraciones. El saldo acumulado en España asciende a 769 millones de euros. Dentro del territorio gallego, en A Coruña se eleva a 11,2 millones de euros, en Pontevedra suma 6,5 millones, en Lugo son 2,8 y en Ourense 2,3.
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Ésta es la cifra que se reclama a desempleados gallegos, pero el Ministerio de Trabajo también ha detectado cobros indebidos a parados en donde la responsabilidad es de la empresa. Así, se reclama a empresarios la devolución de 3,8 millones de euros, de los cuales 1,4 corresponden a Pontevedra, otros 1,4 a A Coruña mientras en Lugo se adeudan 644.000 euros y en Ourense, 360.000.
El órgano fiscalizador, sin embargo, pone en duda estas cifras y advierte de "errores" en las aplicaciones informáticas utilizadas por el Ministerio de Trabajo. "El inventario no refleja la realidad de la deuda contenida en los expedientes", recrimina Cuentas al departamento que dirige Fátima Báñez. De hecho, insta al Gobierno a mejorar los procedimientos de control y gestión de estos cobros indebidos para evitar el despilfarro de fondos públicos. Así le advierte del riesgo de quedarse sin cobrar parte de lo que le adeudan los parados por la lentitud en tramitar los expedientes. Y cifra en un 10 por ciento el saldo que tiene pendiente de devolución y que ya habría prescrito por ser anterior a diciembre de 2009, un porcentaje que traducido en números se eleva a 81,6 millones en todo el territorio nacional.
Pero no es el único dinero que puede caer en saco roto por la mala gestión del Servicio Público de Empleo Estatal, según el órgano fiscalizador. En el saldo de cobros indebidos en las prestaciones por desempleo habría incluidos también "créditos incobrables" a empresas que se habrían declarado insolventes. Cuentas calcula que podría tratarse del 52 por ciento de la deuda.
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Ante estas deficiencias este ente insta al Gobierno a "fortalecer las acciones de detección de cobros indebidos", evaluar si tiene los medios humanos y técnicos necesarios para reclamar la devolución de las cantidades cobradas de forma irregular y agilizar el procedimiento administrativo para evitar que prescriba parte de la deuda. Y además le pide una mayor "homogeneización, coordinación y supervisión" entre las administraciones implicadas, desde las direcciones provinciales a la Tesorería de la Seguridad Social.
El SEPE comunicó ya a Cuentas que está emprendiendo una serie de mejoras para mejorar los sistemas de información y de las aplicaciones informáticas que utilizan para registrar los cobros indebidos.
Los parados a los que Trabajo les reclame la devolución de las prestaciones de desempleo -tanto el paro como el subsidio o la renta de inserción activa- tienen varias opciones para reintegrar el dinero. Pueden hacer un ingreso directamente u optar porque les descuenten la deuda de otras prestaciones que estén cobrando. También tienen la posibilidad de pedir un aplazamiento o fraccionamiento de las cantidades que adeudan.
