El PSOE se presta a negociar con el PP la nueva ley de transparencia de la Xunta

Los socialistas advierten de que no obstaculizarán la norma, pero demandan a los populares mano ancha para mejorarla - El resto de la oposición la tacha de operación de cosmética

11.11.2015 | 02:11

La nueva ley de transparencia y buen gobierno de la Xunta inició ayer su tramitación parlamentaria en una sesión plenaria en la que el PSOE abrió la vía del diálogo con el PP con la intención de introducir algunas modificaciones durante su paso por la Cámara autonómica. Mientras AGE, BNG y el Grupo Mixto reclamaron la devolución del proyecto de ley, petición que no prosperó porque los populares tienen mayoría absoluta, los socialistas se abstuvieron en la votación, mostrando así su interés por participar en la redacción definitiva de la norma impulsada por el Gobierno gallego. El portavoz del PSOE, José Luis Méndez Romeu, justificó la abstención de su grupo al considerar que se trata de una ley "necesaria" cuyas "carencias" podrán ser corregidas durante la tramitación parlamentaria.

Cuando en 2006 se aprobó la primera ley de transparencia de Galicia, promovida por el bipartito, el PP la respaldó. Ahora, en la actualización de esa norma, el PSOE parece dispuesto a apoyarla, al menos en principio. Por eso, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que fue el encargado de defender el proyecto legal, apeló al "espíritu" de 2006 y animó a conseguir la "misma unanimidad" de entonces.

La futura norma endurece el régimen de incompatibilidades, ya que extiende a todos los altos cargos -no solo a los conselleiros- la obligación de publicar su patrimonio al tomar posesión y al cesar en sus puestos, regula el traspaso de poderes y los acuerdos que puede tomar un gobierno en funciones e incorpora con rango legal el código ético que, entre otras consideraciones, limita a 90 euros el valor máximo de lo obsequios que pueden recibir los altos cargos y personal eventual de la Administración autonómica.

Alfonso Rueda sostuvo que el gobierno "más democrático" es aquel que, dentro de la legalidad, decide "imponerse más limitaciones" y dotar a la sociedad de "más capacidad de control". Y también destacó que la voluntad del Ejecutivo es "avanzar" en la norma impulsada por el bipartito, ampliando la obligación de publicar sus datos y presupuestos a todos los entes de la Xunta, los órganos estatutarios y las universidades y "superando la dispersión" a través de un único portal.

Méndez Romeu enfatizó que se trata de una ley necesaria y demandada por la sociedad, por lo que se "debe ir más allá de las diferencias". "No obstaculizaremos la ley, pero esperemos que tampoco el PP lo haga para permitirnos mejorar el texto", indicó, citando como "deficiencias" la falta de límites más exigentes entre los intereses del sector público y del privado.

La viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, criticó la "apariencia de transparencia" en una norma "cautiva de los intereses del PP profundamente corruptos" porque está llena de "excepciones y trampas" que limitan los derechos de los gallegos. Por parte del BNG, Tereixa Paz calificó de "pura cosmética" la futura ley que resulta, a su juicio, "inservible" para que la ciudadanía pueda conocer en qué se gastan los fondos públicos.

En la misma sesión plenaria del Parlamento, el PPdeG no logró el apoyo de ninguno de los grupos de la oposición para sacar adelante el mandato marco de la CRTVG, tal y como se preveía, tras finalizar sin acuerdo el trámite en comisión parlamentaria, de modo que su aprobación se pospone.

Al respecto, la ley de medios públicos de Galicia impone que el mandato marco ha de ser aprobado por dos tercios de la Cámara en primera votación, por tres quintos en la segunda y por mayoría simple en la tercera. Así es que, como auguraron los grupos de la oposición, su validación no se logrará hasta el tercer intento, en un pleno posterior.

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