La Xunta alquilará suelo industrial a bajo coste para detener la hemorragia de empresas que emigran a Portugal atraídas por el menor coste de la mano de obra y terrenos para instalarse a precios más económicos. Las firmas interesadas en el nuevo modelo, que emula el del país luso, deberán construir su nave industrial en parcelas por las que pagarán un canon que oscilará entre los 0,38 y los 2,28 euros por metro cuadrado anual a partir del segundo ejercicio, y tendrán opción de comprar el terreno amortizando el alquiler pagado. Como requisito, deberán acometer una inversión mínima de ocho millones de euros con su proyecto o generar al menos veinte puestos de trabajo.
La Xunta dispone en Galicia de dos millones de metros cuadrados de suelo industrial vacíos. En Pontevedra, dispone de 166.651 metros cuadrados en Mos, de 43.177 metros cuadrados en la Central de Transportes de Pontecaldelas, de 21.974 metros en Arbo, de 8.555 metros en Lalín y de 13.006 metros en Silleda.
El Consello analizó ayer los requisitos y condiciones con los que estrenará a partir de diciembre esta modalidad de alquiler de suelo inédita en la comunidad y que también fue abordada en una reunión del Ejecutivo autonómico el pasado mes de abril.
Este sistema de alquiler de parcelas se ofertará en los parques pertenecientes a las sociedades Xestur, que cuentan con una bolsa de dos millones de metros cuadrados en polígonos situados en Mos, Xinzo o A Coruña, entre otros concellos. En una segunda fase de extenderá a polígonos en manos del Instituto Galego de Vivenda e Solo.
La Xunta, que hace dos años lanzó ya un plan de descuentos con bonificaciones de hasta el 50% del precio, copia una fórmula de alquiler de suelo practicada en Portugal, cuyos bajos precios han favorecido la deslocalización de numerosas empresas. El nuevo sistema "compite con precios de Portugal y con los mejores de España", garantizó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El sector de la automoción constituye un ejemplo de esta competencia. Unas vente firmas, que constituyen el 20% del sector, desplegaron base en Portugal, incluyendo a PSA-Citröen.
Si se cumplen las condiciones impuestas por la Xunta, las empresas dispondrán de un año de carencia en el que no pagarán nada. Luego, su cuota irá aumentando progresivamente hasta el 3,5% del precio de la parcela a partir del sexto año, con un mínimo de 0,88 euros por metro cuadrado anuales y un máximo de 5,33.
El alquiler tendrá una vigencia de 30 años prorrogables otras tres décadas y a partir de los diez primeros el interesado podrá comprar la propiedad. Los empresarios que se acojan dispondrán de tres años para levantar sus instalaciones. En caso de no hacerlo, deberán pagar una indemnización equivalente al canon de cinco ejercicios.
Feijóo destacó que este año se vendieron ya 380.000 metros cuadrados de suelo, casi lo mismo que la suma de los tres años anteriores.
El Consello también analizó el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 con el que el Gobierno aspira a captar 889,8 millones de euros procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), a los que se unirá cofinanciación autonómica (217 millones) y estatal (79), hasta completar un montante de 1.186.
Feijóo declaró que la UE aprobará esta estrategia en noviembre después de haberla bloqueado debido a que la Comisión Europea detectó anomalías y presentó 418 observaciones al documento que el Ejecutivo ha tenido que subsanar. Entre esos problemas, señaló la falta de información sobre los criterios de selección del comité so socios ni detalló con qué agentes consensuó el documento ni la participación futura de los mismos, entre otros aspectos.
Estos fondos, que se desplegarán durante cinco años, aunque la Xunta dispondrá de dos adicionales para ejecutarlos, se distribuirán en tres líneas básicas. Por un lado, fomentar la competitividad de la agricultura; por otro, "conservar y revalorizar" el patrimonio natural de la comunidad; y finalmente, mejorar la calidad de vida, fijando población en un ámbito que experimenta una sangría demográfica.
Casi 67 millones irán a parar a medidas de apoyo a jóvenes que quieran emprender actividades agrícolas, y más de 300 serán distribuidos en varios capítulos para el sector foresta. El sector industrial recibirá 94,7, según la Xunta.
