Carmela Silva se estrenó ayer en el Parlamento como nueva presidenta de la Diputación de Pontevedra. Fue su primera intervención en la Cámara autonómica para presentar los presupuestos de la corporación provincial para 2016 tras tomar el relevo de la institución al popular Rafael Louzán. Y lo hizo en un tono reivindicativo. Se quejó de que las diputaciones tengan que rendir cuentas al Parlamento pero que otras administraciones como la Xunta no estén obligadas a comparecer en las cámaras provinciales para explicar sus actuaciones. Silva reclamó menos "injerencias" en la administración local, más financiación y que se definan sus competencias. En este sentido, avisó que la Diputación de Pontevedra no asumirá funciones que corresponden al Gobierno gallego.

Esta demanda surge, de hecho, del acuerdo de gobierno sucrito con el BNG para presidir la Diputación. En su listado de reclamaciones dirigido al Gobierno gallego, incluyó la puesta en marcha de un plan de mantenimiento de la red viaria de la provincia y que haga un "estudio riguroso" sobre la necesidad de nuevas infraestructuras. De la misma manera, denunció que la Xunta obliga a los concellos a entregar terrenos para prestar servicios que son competencia exclusiva de la Administración autonómica. Como ejemplo puso la Ciudad de la Justicia en Vigo, pero aseguró que no era el único caso y se quejó de que muchos ayuntamientos que ya ofrecieron los terrenos todavía esperan por la construcción de centros de salud. "Feijóo invita y pagan los alcaldes", lamentó.

El presupuesto de la Diputación de Pontevedra para 2016, tal y como trasladó al Parlamento gallego, será de 152 millones de euros, un 2,4% más que el año pasado. Pero para Silva la principal novedad será el "cambio radical en el modus operandi" de la corporación provincial. "Se acabó la arbitrariedad, el oscurantismo y la libre disposición de recursos". "Los fondos se repartirán con transparencia y criterios objetivos". Además, recalcó que se abandona "el presidencialismo" de Louzán. "No habrá virreina en la Diputación", declaró.

Tanto PP como AGE le recriminaron, sin embargo, el incremento del gasto en asesores, a lo que respondió que el anterior presidente tenía "un gabinete inmenso" no solo de personal de libre designación sino también de funcionarios.

En el Parlamento también compareció el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín Formoso, quien explicó que prevén ingresar un 1,6% más en 2016, hasta 174,1 millones de euros, pero "el límite de gasto no financiero que permite cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria" se sitúa en 165 millones. Mientras, la Diputación de Lugo dispondrá de 87,8 millones de euros. Según informó su presidente, Darío Campos, pese a tener 1,6 millones menos, la inversión será mayor al haber alcanzado la "deuda cero" en el último año de gestión del actual secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.