La crisis de gobierno en la Diputación de Lugo experimentó ayer un nuevo episodio que supondrá un duro golpe económico para el BNG, socio del PSdeG en la institución. El alcalde socialista díscolo de Becerreá, Manuel Martínez, consumó su promesa de votar en contra de los nacionalistas en respuesta al veto de estos a su candidatura a la Presidencia y apoyó al PP para restarle media dedicación exclusiva a los nacionalistas y siete asesores, lo que supone una pérdida de unos 187.000 euros anuales.

La promesa de Martínez de boicotear al BNG gracias a su voto decisivo -el PP tiene 12 diputados, el PSdeG 11 y el BNG 2- fue aprovechada por el PP para presentar una propuesta que recorta tres administrativos al Bloque -71.000 euros anuales- y cuatro más para la vicepresidencia del nacionalista Antonio Veiga -otros 91.000-. El portavoz del BNG, Xosé Ferreiro, ya anunció que renunciará a la media dedicación que le quedaría -25.000 euros- y retomará su puesto de profesor e un instituto de Navia de Suarna.

El PP alegó la necesidad de "adelgazar" los gastos de la institución, a pesar de que en julio la institución se aprobó por unanimidad el reparto vigente. Entonces, la popular Elena Candia era la presidenta, después de que Martínez, candidato inicial del PSdeG, se topase con el veto del BNG por su imputación por malversación. Su negativa a ceder el puesto provocó que los doce votos del PP permitiesen investir a Candia hasta que este mes socialistas y nacionalistas pactaron una moción de censura con el apoyo de Martínez. Este, sin embargo, no accedió a la junta de gobierno ni logró áreas de responsabilidad, a pesar de que sí las tienen dos alcaldes socialistas también imputados.

Martínez justificó su venganza como "consecuencia lógica" y alegó que el BNG gozaba de un "sobredimensionado" peso de asesores. Además, reiteró que no variará de postura y que votó de forma "coherente". "Del PSOE yo no me voy a ir", añadió sobre el expediente sin resolver que abrió su formación cuando incumplió las órdenes de partido y se votó a sí mismo permitiendo la investidura de Candia.

Además, deslizó que solo existe una fórmula de reconducir la situación. "Aquí sólo hay una posibilidad, que ellos saben cuál es, para restituir la normalidad democrática en la institución, que es respetar lo que se acuerda", declaró sin más detalles. "Es un grupo que pone condiciones que no cumple, que sistemáticamente está dando lecciones de moral y de política y de adelgazamiento a los otros diputados", añadió.

El presidente de la Diputación lucense, Darío Campos, mantuvo el tono laxo con Martínez, al que ha ofrecido un puesto en su equipo sin acceder a la junta de gobierno, y cargó contra la "incongruencia del PP", al que recordó haber aprobado el reparto de asesores en julio que ayer cambió. "Lo único que intenta es sacar rédito político de esta situación y se aprovecha de Manuel Martínez por su mala relación con el BNG", argumentó. Estudiará, se limitó a decir, las medidas a tomar contra Martínez.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Antonio Veiga (BNG) tachó de "bochornoso" el comportamiento del PP, a cuyo portavoz le afeó que "es de pena y da asco".

La popular Elena Candia lamentó la "inestabilidad" del gobierno provincial con un "presidente en precario que no apoyan ni los suyos".