La coalición AGE acusa a la Xunta de "una vez más" optar "por beneficiar a las grandes empresas eléctricas" al modificar la legislación "por la puerta de atrás", dice, de forma que habrá "un incremento de costes para la instalación de empresas en suelo industrial". El artículo 30 de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos gallegos de 2016 introduce una medida que, según advierte el diputado Antón Sánchez, "va a suponer mayores costes en la implantación de empresas en los polígonos industriales" y "será un regalo para las eléctricas".

"Hasta ahora y según la normativa estatal, los promotores que hicieran la solicitud en suelo industrial tenían que pagar por los refuerzos necesarios solo cuando las peticiones de potencia fueran superiores a 100 kilowatios en baja tensión y 250 en alta tensión", explica el parlamentario.

"Con la medida actual se rebaja este umbral y por lo tanto muchas empresas que hasta ahora no tendrían que pagar los costes del refuerzo a la compañía distribuidora, ahora tendrán que hacerlo", añade.

Ejemplifica, así, que "con esta medida en vigor alguien que solicite potencia, que cuente con una parcela de 1.000 metros cuadrados, tendrá que pagar por encima de 25 kilowatios, cuando antes no tendría que pagar este concepto hasta los 100".

Sánchez lamenta que "se perjudica así la actividad económica productiva y se beneficia una vez más a las eléctricas, en un momento en el que desde el Partido Popular se dice que el objetivo es crear empleo y dinamizar la economía".

"No estamos hablando de grandes empresas, sino de cualquier actividad económica que sea algo más que oficinas, ya que cualquier actividad industrial superará con creces el umbral definido por la Consellería de Industria", censura el parlamentario.

Ante una medida que "penaliza más la actividad productiva", Alternativa Galega de Esquerdas presentará una enmienda al texto demandando una rectificación al departamento que dirige Francisco Conde para volver a la situación anterior.