La necesidad de contención del déficit público desde el estallido de la crisis económica ha elevado año a año el peso, ya de por sí grande, de la Consellería de Facenda, que en 2010 se garantizó el derecho a vetar cualquier gasto autonómico que pudiese suponer un riesgo para el equilibrio contable de la Xunta, supervisando toda modificación presupuestaria. Ahora da un paso más y blinda por ley un modelo de financiación por objetivos para todas las consellerías y departamentos autonómicos, incluyendo la administración paralela de los denominados "chiringuitos".
El cambio constituye un paso más para aplicar una filosofía orientada a la "gestión encaminada a resultados", según apuntan fuentes del departamento dirigido por Valeriano Martínez y que ya adelantó el propio presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo.
El Ejecutivo aprovechó la tramitación de los presupuestos de 2016 para introducir este cambio legal en la ley de acompañamiento, una especie de cajón de sastre que suma modificaciones legales de diferente signo.
Uno de esos cambios se refiere a Lei de Réxime Financiero e Orzamentario, de la que modifican cuatro artículos. El último de ellos incorpora, sin anular otros mecanismos, la financiación por objetivos no solo de las consellerías, sino de cualquier organismo autonómico. "Las asignaciones presupuestarias a los centros gestores de gasto se efectuarán teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores", reza el punto dos del nuevo artículo 46. En el punto anterior se especifica que los programas plurianuales de cada área de gasto "atenderán a la consecución de los objetivos que se establezcan en la planificación estratégica de la comunidad y en sus concreciones sectoriales y transversales y recogerán indicadores precisos para garantizar su seguimiento".
Este nueva filosofía queda ahora garantizada por ley, si bien habrá de ir desarrollándose a través de decretos y normas internas, que serán los que determinen cuáles son los objetivos de cada departamento y cómo se miden.
Ya en el mes de julio, la Xunta presentó su Plan Estratéxico 2015-2020 con el presidente Alberto Núñez Feijóo y Valeriano Martínez en primera línea tras el Consello del Gobierno. Entonces, estos indicaron que la planificación económica incluiría indicadores y medidores de objetivos. Ahora dan un paso más en esta estrategia.
Desde Facenda indican que el cumplimiento de metas "será un criterio más de los que se tengan en cuenta en la asignación de recursos, dentro de los objetivos que ya se establecen en el Presupuesto", sin constituir la única guía para asignar fondos ni un baremo de prioridades.
El cambio legal establece por ley que la Xunta realizará una planificación estratégica basada en "la eficacia en la consecución de objetivos" que luego se plasmarán en planes sectores concretos. Cada uno de los departamentos del Ejecutivo deberá realizar un balance de resultados a través de informes anuales en función de esas metas y a partir de unos criterios medibles que establecerá Facenda, así como de las posibles "desviaciones" y sus "causas". Su cumplimiento será uno de los puntos que determinará la asignación de fondos cada ejercicio.
Análisis "indirecto"
La propia Xunta admite en la reforma legal las dificultades para cuantificar, y por tanto medir, algunas políticas con efectos a largo plazo. "Cuando los resultados no sean mesurables, la efectividad del programa se hará mediante indicadores que permitan su medición indirecta", añade sin especificar más. Los detalles deberán ser ahora fijados en una metodología que establecerá Facenda.
El nuevo artículo 49 de la nueva Lei de Réxime Financiero e Orzamentario, cuyo último texto fue modificado por decreto en 1999, solo hace una referencia a la posibilidad de incumplir las metas de cada área. "Los titulares de los servicios, organismos y demás entes instrumentales que componen el sector autonómico serán responsables de la consecución de los objetivos fijados, promoviendo un uso eficiente de los recursos públicos y prestando un servicio de calidad a los ciudadanos", reza. No especifica qué supone esa responsabilidad en caso de incumplimiento.
