Madrid queda muy lejos para entender la errática historia de la fusión de las cajas gallegas. Y la dinámica del sector, jerga incluida, no es precisamente muy fácil de digerir, pese a que teóricamente el oficio se basa en algo tan simple como captar el ahorro del ciudadano y con él ganar dinero por los intereses que pagan aquellos a los que se les presta. Por si fuera poco el lío financiero, la banca española sufrió al calor de la crisis una auténtica reconversión industrial. Cambios de normativa de la noche a la mañana con los dos Gobiernos, el anterior y el actual, ávidos por vender que éste era el sistema más saneado del mundo. La fuerza del terremoto provocado por el endurecimiento constante de los criterios de solvencia -el saneamiento entre 2008 y junio de 2014 se disparó a más de 227.000 millones de euros, casi una cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB) nacional- fue en cada entidad directamente proporcional a su exposición al ladrillo. Aquella maltrecha ya antes de nacer caja gallega única, de la que justo estos días se cumplen cinco años de su aprobación por parte de las asambleas, fue protagonista principal y su "estado calamitoso", según la sentencia emitida esta semana por la Audiencia Nacional, sirvió precisamente como argumento de peso para la condena a la antigua cúpula por el escándalo de las prejubilaciones millonarias.
En el juicio celebrado entre junio y julio parecía no importar tanto. Por las cuentas preguntaron directamente las dos fiscales de Anticorrupción a los acusados. "No procede. Pregunta impertinente", zanjó el magistrado Alfonso Guevara, que insistentemente subrayó que la cuestión a debatir era si los directivos tenían o no derecho a cobrar, más allá de la situación de la caja. Entre las abundantes comparaciones de las que echó mano durante la vista para acotar el territorio, Guevara llegó a simbolizar el pago de las indemnizaciones con la jubilación que cualquier juez como él debería mantener aunque el Estado estuviera "arruinado". "No pregunte por qué cobró -reprochó a la fiscal Concepción Nicolás en pleno interrogatorio al que fue director general, José Luis Pego- porque en la caja cobra hasta el cajero".
Las referencias, aún así, a la situación de Novacaixagalicia, la de partida de cada una de las cajas que la integraron y hasta el manguerazo de los 5.400 millones de euros con el rescate europeo son una constante en el veredicto. Ni en esta última inyección se menciona la necesidad de cubrir los requerimientos que el ministro Luis de Guindos impuso por segunda vez para el lastre inmobiliario en el sector. El fallo es escueto. "Porque la nueva entidad, a través del banco, no funcionaba", apunta.
El roto económico fruto de la "insolvencia de Caixa Galicia" y los "serios problemas de viabilidad de Caixanova" que el tribunal recuerda que Pedro González, jefe de inspección de las cajas, desveló en su comparecencia, se mezcla con el otro agujero que padece Novacaixagalicia. El del olvido. Las palabras de González configuran la columna vertebral de la sentencia. Pero solo una parte de su declaración. González confirmó ante el tribunal que la entidad dirigida por José Luis Méndez tenía "dificultades sustantivas", que Caixanova tenía otro proyecto "más sensato" y que el Banco de España no veía la fusión. Pero el fallo pasa de largo sobre todos estos detalles, sobre el informe que detectó un déficit de 805 millones en las cuentas de Caixa Galicia y, como también abiertamente admitió, que fue el supervisor el que eligió a los directivos de la caja viguesa por su buena gestión para capitanear la unión y su convencimiento de que seguirían pese a la transformación en banco.
El reconocimiento del resto de las palabras de González, coincidentes con lo que defendieron los acusados, hubiera debilitado la premisa de la condena. Que Pego, Gonzalo Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes "urdieron un plan" con la "cooperación necesaria" de Julio Fernández Gayoso y el asesor externo Ricardo Pradas para mejorar sus contratos de alta dirección-uno nuevo para De Paredes- y beneficiarse de una "probabilidad más que lógica" y "previsible" de su salida". El tribunal sitúa el origen del plan en agosto de 2010, en plena negociación de la fusión. Incluso da por hecho que en ese momento los condenados sabían que un día la entidad se convertiría en banco, con un nuevo presidente, José María Castellano, posibles inversores y su negativa a mantenerlos. Lo que implica presuponer el conocimiento de antemano por parte de los directivos de los tres reales decretos con los requerimientos de capital de febrero de 2011 y febrero y mayo de 2012, que nadie en el sector llegó a vaticinar.
Las tres jornadas maratonianas con la versión de los acusados se resumen en apenas una línea. Son declaraciones "exculpatorias" que quedan "desvirtuadas" porque su marcha de la entidad "no implicaba que quedaran económicamente desprotegidos". Por "lógica", dicen los jueces, si los contratos no eran nuevos no tenía sentido que volvieran a pasarlos por los órganos de gobierno. Las comparecencias de las decenas de consejeros, sin embargo, tampoco cuentan porque, según el tribunal, "nada aportan a lo que es el objeto procesal del debate".
Así que la tercera pata del fallo se sustenta en las pruebas documentales y los peritos. Sobre los contratados por los acusados, las referencias en la sentencia son casi anecdóticas. Sin rastro de algunas cuestiones relevantes sobre conceptos retributivos que los otros peritos, los de la acusación pública, negaron el derecho y que luego tuvieron que corregir o matizar porque, entre otras razones, no habían mirado todos los documentos de la causa. Los acusados e incluso algunos de los miembros del tribunal no disimularon la cara de sorpresa cuando uno de los expertos, a pregunta de las mismas fiscales, respondió: "Esa cuestión no la preparamos ayer".
El fallo los libera de toda duda. Sus informes "están practicados por funcionarios del Estado designados por el juzgado en su labor auxiliar imparcial e independiente". ¿De dónde procedían? La Dirección General de Seguros y dos organismos para los que el agujero del olvido de las cajas gallegas no tendría sentido. El Banco de España, tutor de la operación, las cuentas y los salarios en la entidad; y el Ministerio de Hacienda, donde una de las impulsoras del matrimonio, la exconselleira Marta Fernández Currás, ocupa hoy la Secretaría de Presupuestos. Como en las películas estadounidenses, aunque esta vez la sesión se cierra: "El Estado contra los exdirectivos".
