Cada detalle de la sentencia con la que el pasado jueves la Audiencia Nacional condenó a cuatro de los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia y el asesor legal de la entidad a dos años de cárcel por las prejubilaciones es fundamental para sus abogados. Lo que dice, pero también "lo que no dice", como destacan en los equipos encargados de las defensas. En eso están. Estudiando el fallo que los considera culpables de un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida y les obliga a abonar algo más de 14 millones de euros. Además de la pena de cárcel y el nuevo golpe a su imagen pública, el tribunal incorpora la inhabilitación durante dos para ejercer tanto en el sector financiero en el caso de la antigua cúpula de la entidad y en el derecho para Ricardo Pradas. Por el momento el único que claramente ha dicho que recurrirá es Julio Fernández Gayoso, el expresidente. La decisión "es firme".
La presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo es una de las opciones con las que cuentan el que fue director general, José Luis Pego; el encargado de la división inmobiliaria, Gregorio Gorriarán; el de la oficina de integración de las dos cajas, Óscar Rodríguez Estrada; además de Gayoso y Pradas. Javier García de Paredes, ex director adjunto, fue el único absuelto porque, según la Audiencia Nacional, así lo pidieron las dos fiscales de Anticorrupción, pese a que todo el veredicto lo incluye en el "plan urdido" para mejorar las condiciones de la alta dirección a costa de "un perjuicio" a la entidad su "la previsible y lógica" salida de la gestión. El recurso, según fuentes conocedoras del proceso, deberá anunciarse antes en la propia Audiencia Nacional, donde deben aceptarlo o no, para luego abrir el correspondiente periodo para la entrega formal de los argumentos.
Muy importante. Todo lo que se diga en esos posibles recursos tiene que estar ligado a la sentencia. No hay opciones de incluir nuevas pruebas. Las defensas de los exdirectivos podrían así cuestionar por qué no se tuvieron en cuenta las declaraciones de la mayoría de testigos, ni tampoco buena parte de los informes jurídicos del Banco de España -el fallo se agarra casi exclusivamente a uno de ellos, sin hacer caso a los dictámenes que consideraban legales los pagos- ni las pruebas presentadas por los peritos de parte o las supuestas contradicciones en las que, según los abogados, incurrieron los peritos designados por el tribunal. Que son la otra pata en la que se aguanta la sentencia.
Todos estos trámites, en caso de que finalmente recurran, podría derivarse varios meses. De lo contrario, la Audiencia Nacional debería emitir el correspondiente auto de ejecución de sentencia, con el que los directivos de Novacaixa podrían también recibir una respuesta a la petición de aclaraciones que muy probablemente usarán. Entre otras cosas porque la decisión de la sala de lo Penal número 3 comete un importante "error" en la cuantificación de las cantidades a devolver. Es más dinero del que cobraron porque algunas de las cantidades están reclamadas por duplicado.
Por parte de la acusación, la asociación de usuarios de Bancos, cajas y seguros (Adicae), personada en la causa, también avanzó el jueves su intención de recurrir. La organización pedía cuatro años de prisión. El fallo les parece "una burla a la ciudadanía".
Desde la Xunta insisten en el mensaje de que fueron ellos los que alertaron en su momento de la situación. "En su momento ya trasladamos por escrito al Banco de España que las indemnizaciones no nos parecían razonables. Entonces el Banco de España miró para otro lado y, afortunadamente, la Audiencia Nacional ha puesto en su sitio esa política de indemnizaciones", asegura el conselleiro de Economía, Emprego e Industria. Pero la sentencia también acredita que situación de "insolvencia" de Caixa Galicia, "prácticamente quebrada", y que la fusión forzada por el Ejecutivo autonómico era un fiasco desde antes de formalizarse. Francisco Conde señala, sin embargo, que la operación no evitó que la nueva entidad, "que no es un banco venezolano, sino una entidad con capital social gallego", siga manteniendo aquí sus servicios centrales.
El secretario xeral del PSdeG no ve motivos para que la Xunta saque pecho. "Todos recordamos la foto de la fusión. El presidente de la Xunta no resiste el paso de las hemerotecas", critica José Ramón Gómez Besteiro, que recuerda que el presidente autonómico "prometió una caja estrictamente gallega, donde hoy hay un banco". El líder de los socialistas gallegos arremete con la cantidad pagada por el grupo Banesco en la subasta, 1.003 millones, frente a los 1.157 millones de su primer año. Sobre las indemnizaciones se ciñe a subrayar que "dolieron, y mucho" a la sociedad gallega.
"No me compete valorar una cuestión que corresponde a los jueces y al poder judicial", respondía ayer la presidenta de la Diputación de Pontevedra preguntada por la sentencia. Lo que sí destaca Carmela Silva es que las indemnizaciones millonarias "de cualquier tipo" no son "asumibles". "Y menos -añade- cuando la gente lo está pasando tan mal".
