La Fiscalía alerta que la nueva ley de enjuiciamiento puede hacer inviable el trabajo de la justicia

La legislación impone plazos máximos de instrucción, que no podrán cumplirse con los actuales medios, según Suanzes

23.10.2015 | 02:11
Fernando Suanzes. // V. Echave

El Gobierno prevé que el 7 de diciembre entre en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita los plazos de instrucción a seis o 18 meses prorrogables. El Consejo Fiscal ya mostró su descontento con la norma al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al considerar que es "inaplicable" con los medios actuales. También el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, destacó ayer en la presentación de la memoria de 2014 de la Fiscalía gallega, que la nueva ley podría generar ""problemas" y desembocar en "una imposibilidad absoluta" para que los 146 fiscales de la comunidad puedan "revisar y ver el gran número de procesos que existen" con la plantilla y los medios actuales.

A pesar de esa crítica, admite que la reforma permitirá liberar a la Justicia gallega del 35% de los casos que llegan a los tribunales, debido a que se suprimirá el envío de los atestados sin autor conocido a juzgados y fiscalías salvo en casos puntuales. Para Suanzes, estos asuntos con escasas posibilidades de terminar en resolución "saturan innecesariamente" el sistema judicial porque "generan mucha burocracia" que provocan "retrasos en la tramitación de los temas más importantes y urgentes".

En su intervención, destacó que estas "serias deficiencias" en la gestión de los procedimientos penales son el motivo de que en 2014 siete de cada diez asuntos acabasen de forma anticipada en la fase de instrucción sin llegar siquiera a ser objeto de cualificación fiscal. De los 224.000 procesos tramitados el año pasado en Galicia, unos 210.203 -el 70%- se cerraron con sobreseimiento o fueron archivados, mientras que solo en 13.797 -apenas un 6%- se dictó sentencia. Más del 30% de los asuntos que acabaron el año pasado de forma anticipada -la mayoría delitos patrimoniales- fueron sobreseídos por falta de autor conocido, precisamente los que el Gobierno central pretende evitar que lleguen a los juzgados para así descongestionarlos de carga de trabajo.

Pese a los contras que, en su opinión, tiene la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el fiscal superior de Galicia espera que la instrucción enviada desde el ministerio a los fiscales para orientarles cómo deben actuar y adaptarse a los cambios permita aprovechar las ventajas que ofrece la norma como la agilización de las causas. Suanzes pidió un pacto de Estado de "cuántos más partidos mejor" para elevar la en Justicia. En el caso de Galicia destacó que el Ministerio público cuenta con 146 fiscales con plaza -170 si se incluyen los sustitutos- y alertó de que el ratio de funcionarios auxiliares no llega a uno por fiscal. Señaló, sin embargo, que no solo se trata de dotar de más medios humanos y técnicos a la administración de justicia sino que es necesario llegar a un acuerdo sobre si las investigaciones deben realizarlas fiscales o magistrados.

La memoria también indica que los delitos de corrupción aumentaron un 23%, con 228 casos. Aun así, 2014 se cerró con solo siete fallos para estos casos, un 30% menos que durante el año pasado.

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