Aprobada la ley que obliga a los cargos de la Xunta a pagar la defensa si son condenados

Se trata de la última norma pendiente del paquete de impulso democrático

23.10.2015 | 02:11

El Gobierno gallego refrendó ayer la última norma pendiente del paquete de "impulso democrático" comprometido por su presidente, Alberto Núñez Feijóo. La ley que regulará la asistencia jurídica a empleados públicos y a autoridades de la Administración autonómica con conflictos en los tribunales y que hasta ahora se regían por una norma de 1984.

Entre las principales novedades de la ley se encuentra la cobertura de "vacíos legales" y la introducción de que sea la Asesoría Xurídica de la Xunta -y no solo la consellería de la que dependa el empleado público o cargo en cuestión- la que decida si el imputado es finalmente defendido. Además, si éste perdiese el pleito y resulta condenado deberá abonar los gastos generados en el proceso.

Hasta el momento en la Administración gallega la decisión acostumbra a partir del departamento en cuestión, aunque la última palabra la suele tener la Asesoría Xurídica, que decide si veta o no una defensa. Ahora quedará regulado por una ley que, además, rechazará la defensas de cualquier empleado público o cargo en cuya actuación haya "indicios" de que ha actuado "contra los intereses de la administración".

Si la defensa se autoriza y dichos indicios aparecen una vez que ya ha avanzado el procedimiento, podrá ser "revocada" en cualquier momento. Según había avanzado Feijóo en la presentación previa de esta norma, si se niega la defensa a un empleado público o autoridad por una actuación en el ejercicio de sus funciones y éste resulta absuelto, también deberá ser indemnizado por la Administración autonómica. El anteproyecto de ley fue remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que emitió informe favorable sobre la norma.

Por otra parte, el Consello de la Xunta aprobó el nuevo Plan Hidrológico Galicia-Costa 2015-2020, que prevé una inversión de 655 millones de euros en este periodo, de los que 423 serán aportados por el Gobierno gallego y el resto por las demás administraciones. Este plan, que afecta a 182 concellos y a dos millones de gallegos -ya que el resto depende del Estado-, regula los usos del agua, la protección de los ríos (bloqueando nuevas presas hidroeléctricas), restringe la construcción en las zonas con riesgo de inundación y programa el saneamiento de las rías.

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