Control sobre la explotación de las carreteras de pago autonómicas

La Xunta inspeccionará el estado de sus autovías y las cuentas de las concesionarias

El plan revisará si las empresas cumplen los contratos, las obras de conservación y el funcionamiento del sistema de medición de los tráficos por los que cobran canon o peaje

19.10.2015 | 04:00

Las consecuencias del parón económico para las autovías y las carreteras de pago, con una bajada histórica en el tráfico y, por lo tanto, de los ingresos, son un grave problema para las empresas que se encargan de su explotación. Pero lo es todavía más para sus dueñas, las administraciones. Para el erario público. Los contratos entre ambas partes incluyen una cláusula para garantizar el "reequilibrio" de las cuentas, de tal manera que si no se alcanzan las previsiones de negocio marcadas en la concesión -o se alteran por la necesidad de acometer obras de calado-, la compañía tiene derecho a ser compensada por parte de la propietaria de la infraestructura. Ahí se enmarcan los siete millones de euros que este año recibirán de la Xunta las autovías del Salnés, Barbanza y Celanova. Y por eso también se explica que otras que soportan mejor la crisis a pesar de la reducción de los vehículos que pasan por sus peajes mantengan suculentos beneficios. A todas ellas les toca ahora pasar por la lupa del Gobierno autonómico, que lanza un plan de inspecciones que afectará tanto a las condiciones en las que están las carreteras como a la letra pequeña de los resultados de las concesionarias.

El contrato que prepara la Axencia Galega de Infraestruturas para reforzar la labor técnica de los trabajos con expertos en la materia desvela el objetivo de la medida. "Las concesiones administrativas para la construcción, conservación y explotación de infraestructuras introducen unas peculiaridades en la gestión que requieren un control y seguimiento especial que conjugue aspectos técnicos, jurídicos, económicos y financieros con el objeto de corroborar el ajuste al contrato de la concesión", señala el pliego de condiciones. Es decir, que las empresas cumplan realmente con las condiciones que firmaron en su momento. Un "control específico", insiste el organismo dependiente de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda. Son cinco las carreteras a examen. Las autovías entre Santiago y Brión, Salnés, Barbanza y la que une Ourense y Celanova -todas ellas en régimen de canon por demanda, de manera que la Xunta abona a sus gestoras una cantidad en función de la intensidad de vehículos- y las autopistas de peaje Vigo-Baiona y A Coruña-Carballo.

"La Axencia Galega Xeral de Infraestruturas no dispone de medios ni del personal suficiente para desempeñar con dedicación plena los trabajos que implica la fase de explotación", justifica la Xunta, a lo que se añade "la especialización que se necesita en gran parte de las tareas a realizar". Al frente de la inspección estará un ingeniero de caminos designado por la administración gallega. La consultora que se pretende fichar deberá prestar su apoyo.

¿Y qué es lo que se mirará? El organismo lanza una larga lista de puntos a tocar. En general, la revisión de "toda la documentación" relativa a la concesión, supervisar si se cumplieron los compromisos de conservación y explotación, comprobaciones sobre el estado de la vía, el respeto a la legislación de dominio público y servidumbre de afección -incluidas las peticiones recibidas para construcciones en los alrededores-, el seguimiento de las reclamaciones puestas por clientes, el análisis de los indicadores de calidad de servicio y si la empresa tiene operativos todos los medios técnicos y personales a los que le obliga el contrato.

Para las autovías con canon de demanda, la Xunta prevé "verificar" que los sistemas de conteo de tráficos funcionan bien y los datos suministrados por la concesionaria son correctos, realizar una auditoría del tráfico y los ingresos de la sociedad y la revisión de tarifas para el cálculo del canon y las liquidaciones que cada mes y anualmente se presentan a la administración.

Para las autopistas, la Xunta centra su atención en el funcionamiento de los sistemas de cobro -uno de los puntos de fricción que mantiene casi cada verano con la Autopista del Atlántico, propiedad del Estado-, en el correcto funcionamiento de la señalización y un seguimiento de la situación económico-financiera. El plan de trabajo incluye un análisis sobre la viabilidad de la concesión y también un estudio "jurídico, técnico y financiero" de "los posibles reequilibrios económico-financieros y modificaciones contractuales" y "la repercusión" que tendrían para las cuentas de la Xunta, "si es el caso". Las consecuencias de un rescate por la merma de resultados.

El equipo que apoye al jefe de inspección estará formado, según figura en el pliego, por un ingeniero de caminos, otro técnico de obras públicas, uno en ciencias económicas y el cuarto en derecho. El presupuesto asciende a casi 121.000 euros con un plazo de ejecución de dos años, prorrogable a dos más.

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