La juez con mano de hierro que ha imputado a más de un centenar de políticos, funcionarios y empresarios en la mayor trama de corrupción investigada en Galicia, la operación Pokemon, se ha decidido deshacerse del grueso de la investigación que afecta a una docena de ayuntamientos gallegos pero que también a municipios de otras comunidades, como Cataluña y Baleares. Tres años después de iniciar la instrucción, pero solo unos días después de las críticas de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TXSG) por su dilación en la causa, Pilar de Lara ha comunicado a las partes su inhibición en la pieza de Vendex a favor del Juzgado Central de Instrucción al que le corresponda por turno, una decisión que abre la puerta a que la causa acabe en la Audiencia Nacional.

Hasta que no se resuelva la petición de inhibición seguirá ella al frente de la causa, que investiga una red de pagos a cambio de contratos municipales, enchufes y financiación irregular de partidos que, según concluye De Lara, habría generado unos beneficios ilícitos de casi 300 millones de euros. De modo que, según la juez, puede "considerarse a la empresa Vendex como una verdadera asociación ilícita", cuyas actividades provocan "grave repercusión en la economía nacional".

Con esta inhibición a favor de la Audiencia Nacional, De Lara tan solo se quedaría con las diligencias sobre las supuestas facturas falsas de la de concesionaria de la grúa en Lugo, Cechalva, y la parte que investiga al entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Francisco Liñares.

La decisión de la instructora se produce la misma semana en que el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, y el presidente del Tribunal Superior de Xustiza, Miguel Ángel Cadenas, cargaron contra ella por su dilación en la Pokemon -comenzó en septiembre de 2012- y advirtieron de la necesidad de una instrucción "rápida, ágil y eficiente". "La mejor manera de no llevar nada es querer llevarlo todo", sentenció Suanzes sobre un proceso cuyo cierre anunció la juez como inminente hace ya 13 meses. El auto de la instructora fue dictado un día antes de que Vendex presentase un recurso reclamando la recusación de De Lara por una "actuación irregular continuada".

En el auto dictado este miércoles, la juez entiende que debe recaer la causa en la Audiencia Nacional. "Estamos hablando no de conductas aisladas sino de una auténtica organización que responde a una estructura jerarquizada y a una misma política empresarial consistente en la obtención de concursos de forma presuntamente ilícita en connivencia con autoridades y funcionarios públicos a cambio de la entrega de dinero, regalos, contratación de enchufados y prestación de otra clase de favores", alega De Lara. La organización, según concluye, estaría dirigida desde la sede central de Vendex en Madrid, aunque con "delegados territoriales, provinciales y otros empleados de otras cinco localidades".

Hasta un total de once tipos de delitos fueron atribuidos por De Lara durante los tres años de instrucción de la Pokemon, derivada de su investigación en la operación Carioca, una supuesta red de tráfico de mujeres en Lugo. Por cohecho, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, uso de información privilegiada, prevaricación, falsificación en documento público, falsificación en documento privado, falsificación en documento mercantil, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales o asociación ilícita. Por alguno o varios de estos delitos desfilaron ante De Lara desde septiembre de 2012 más de un centenar de imputados.

Alcaldes, concejales, funcionarios y empresarios figuran en la lista de imputados en la supuesta trama de corrupción. De la investigación en Galicia, De Lara concluye en su auto que su estructura responde "a un sistema perfectamente jerarquizado dividido en delegaciones dependientes de la dirección general", bajo las órdenes de Gervasio Rodríguez Acosta. En la lista de concellos investigados están A Coruña, Ourense, Santiago, Lugo, Marín, Boqueixón, Verín, Ferrol y Ordes, según detalla el auto, que añade también los "contactos" que habría realizado Vendex para "obtener información privilegiada para la consecución de concursos" pero que finalmente "no conseguirían", entre los que cita a Sada y Arteixo.

En el caso del Ayuntamiento de A Coruña, De Lara detectó irregularidades en la adjudicación del servicio de la ORA y la Grúa, el concurso del servicio de mantenimiento biológico del Aquarium y otros concursos en el Ágora, irregularidades en el ámbito del IMCE, la organización del Teresa Herrera o el concurso de prestación de servicios de la Torre de Hércules, entre otros.

En el primer año de investigación, De Lara imputó a un total de 46 personas, entre ellas los exalcaldes socialistas de Lugo, Xosé López Orozco, y Ourense, Francisco Rodríguez, y el popular de Santiago Ángel Currás; así como los exregidores de Boqueixón Adolfo Gacio O Carballiño Argimiro Marnotes y exediles de Santiago, Lugo y Ourense. Apenas una semana de después de que De Lara acordase a finales de noviembre de 2013 la formación de diversas piezas separadas, la juez abrió la investigación al Concello de A Coruña, gobernado por Carlos Negreira (PP) por cohecho y soborno.