La reforma energética fue durante los casi dos intensos años que duró la cascada de nueva normativa en el sector el peor enemigo para la viabilidad de Sogama. Además del tratamiento de la basura del 94% de los concellos, el complejo medioambiental ubicado en Cerceda aprovecha su propio proceso industrial interno para generar electricidad. La vende en el mercado y recibe también por ella incentivos públicos. Así que la decisión del Ministerio de Industria de finiquitar el antiguo sistema de primas e implantar otro modelo de retribución con rebajas sustanciales a este tipo de fuentes de energía puso a la sociedad participada por la Xunta (51%) y Gas Natural Fenosa (49%) contra las cuerdas. La subida un 33,5% del canon que cobra a los municipios por la gestión de los residuos y el menor impacto respecto a lo esperado en el cambio de las subvenciones en su caso concreto le permitió tomar aire e incluso rozar los 8 millones de euros de beneficios el pasado 2014, frente a los 614.000 euros que perdió el ejercicio anterior. Pero mucho antes del arranque de la reforma, Sogama se enfrentaba a otro importante riesgo latente con el conflicto abierto con el Estado y su reclamación por las primas de más que recibió durante prácticamente dos años. Un total de 17,2 millones, según el cálculo de la compañía, pendiente del veredicto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Ya lo hay y falla en su contra, por el Gobierno central despeja el camino para exigir el reintegro.
El 2 de agosto de 2011 la Xunta cambió la clasificación técnica de la instalación termoeléctrica de Sogama de forma unilateral para mejorar las primas a su producción. En lugar de un solo tipo de central, la resolución emitida por la Consellería de Economía e Industria partió en dos su categoría, lo que, como admite la empresa en sus cuentas anuales, supuso unos "ingresos adicionales" de 2,481 millones de euros en 2011; 8,553 millones en 2012; y 6,218 millones en 2013. La Abogacía del Estado demandó a la Xunta y a Sogama con el argumento de que no podía hacer "un encuadramiento simultáneo en dos grupos distintos". Algo que el real decreto que por entonces regulaba la producción de electricidad del régimen especial -el que recibía primas- solo permitía en supuestos excepcionales "en los que no se hallaba el caso de Sogama".
A finales de octubre de 2014, la consellería emitió otra resolución que dejaba sin efecto el polémico cambio realizado tres años antes y adecuó la clasificación del complejo a lo que dictaba una de las normas impulsadas al amparo de la reforma energética, en julio de 2013. "En base a ello, Sogama solicitó al TSXG que declarase concluso el procedimiento por pérdida sobrevenida de su objeto", recuerda la compañía. El tribunal lo aceptó, pero luego admitió a trámite el recurso presentado por el Estado. En el informe de 2014, rubricado el pasado 29 de abril, los administradores de Sogama sostenían que "la posibilidad" de ganar era "alta" porque "el Estado reconoce que [la resolución de la Xunta] se ha dictado en el ejercicio de sus competencias y goza de presunción de legalidad". Eso sí, la sociedad no oculta que "una hipotética estimación del recurso" que anule la modificación en la clasificación de la planta termoeléctrica "tendría consecuencias económicas, siendo prematura su valoración".
El hecho de que la Xunta se rectificara a sí misma resuelve, según la sentencia del TSXG, "el grueso del debate jurídico abierto en el proceso". Pero la mejora de las condiciones para una mayor retribución funcionó desde agosto de 2011 a julio de 2013. Durante ese tiempo, "la resolución recurrida ha operado jurídicamente de forma contraria" a la normativa de la producción de energía primada, concluye el tribunal, que estima el recurso del Estado y anula la actuación de la Xunta.
"Sogama pedirá una aclaración de sentencia, toda vez que los términos de la misma son confusos", adelanta la compañía a FARO. Hay tres meses para acudir al Supremo con un recurso de casación. Un posibilidad que Sogama tiene "en estudio". Aunque en 2014 llegó a cifrar la reclamación del Estado en 24 millones de euros, el pasado año la rebajó a 17,2 millones y en ese importe insiste. "En ningún caso -asegura- será superior".
