Vodafone no cierra la batalla que mantiene con la antigua cúpula de ONO, la que estaba al frente, con José María Castellano en la presidencia, de la cablera hasta su adquisición. Al que también fue máximo responsable de NCG, su exconsejera delegada, Rosalía Portela, y al exdirector financiero, Carlos Sagasta, les acusa de infringir sus deberes "fiduciarios" como administradores al ser los máximos responsables de la compañía cuando ésta se vio involucrada en un fraude de IVA. En otras palabras, la multinacional de las telecomunicaciones achaca a la anterior cúpula de ONO falta de diligencia, control y buen hacer ante el grave problema fiscal, que, insiste Vodafone, está "acreditado" por la Agencia Tributaria.

Ésta es la razón, según explicaron fuentes de la compañía a Europa Press, por la que Vodafone presentase una demanda de responsabilidad social que se tramita actualmente en el juzgado de lo mercantil competente. La compañía reclama a los antiguos consejeros ejecutivos de ONO una indemnización solidaria por importe de más de 140 millones de euros. Por esa razón optó por bloquear el bonus millonario que ONO tenía acordado con los directivos demandados.

La Agencia Tributaria, como destacan las mismas fuentes, inició una inspección a ONO en relación con el negocio de reventa internacional de voz que se venía desarrollando mientras Portela, el gallego José María Castellano y Sagasta eran los responsables de la gestión. Las conclusiones fijan una deuda tributaria de más de 72 millones de euros al considerar la Agencia Tributaria que las cuotas de IVA soportadas por ONO no eran "deducibles". Vodafone dio por acreditado el fraude y regularizó la situación "heredada" tras la compra para evitar así un perjuicio "mucho más significativo". La firma tiene "plena confianza" en la justicia y en "la calidad y solidez" de sus actuaciones para "resarcir" los daños causados presuntamente por los directivos.