El gasto sanitario constituye el 40% del presupuesto anual de la Xunta y el control de déficit ha centrado gran parte de su tarea de restricción del gasto en este capítulo desde 2012, cuando el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo lanzó varias medidas para atajarlo, como el catálogo de fármacos. Una de ellas se refirió al cobro de la asistencia del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a extranjeros o a aquellos cuyo tratamiento debiese ser abonado por una aseguradora o mutua, hasta el punto de que la Consellería de Sanidade incluso ordena embargos de cuentas y bienes a sus deudores. En lo que va de año ha amenazado con iniciar este proceso ejecutivo a 580 pacientes y cinco aseguradoras por impagos, más del doble que el ejercicio pasado en fechas similares. En total, les reclama 385.133 euros a los primeros y 43.459 euros a las compañías.
Hace tres años Xunta y Gobierno central lanzaron medidas de control del gasto sanitario dentro de la estrategia para reducir el gasto público. El primero retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares y aumentó el control sobre los turistas europeos que acudían a España para operarse, mientras que la Xunta estableció una estrategia para garantizar el cobro de atención tanto a foráneos como a quien fuese hospitalizado o curado tras un accidente laboral, deportivo, escolar o de tráfico, entre otros, que están cubiertos por una mutua o una aseguradora privada. Hasta entonces, muchos de estos cobros no se podían acometer por falta de datos para identificar a la compañía responsable.
Responsable último
En 2012, el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo aprobó una orden para cobrar al paciente la atención si este no contribuía a identificar a la compañía que debía hacer frente a su factura. Además, también intensificó el cobro a extranjeros sin tarjeta sanitaria, aunque permitió a los irregulares contar con tarjeta. Esta solo se concedía, sin embargo, a quien al menos estuviese empadronado en la comunidad con seis meses de antelación para evitar el turismo médico.
El resultado entre enero y septiembre de este año ha sido el de amenaza de embargo a 580 ciudadanos que no atendieron las órdenes de cobro y que el Sergas no pudo localizar -muchos son extranjeros- y enviar reclamaciones de pagos por escrito a otras 418 personas -el paso previo antes de la vía ejecutiva-, según la información publicada en el Diario Oficial de Galicia, que no detalla las cantidades de esta última categoría.
La media de reclamaciones por la vía forzosa asciende a 665 euros por paciente, si bien existen cuantías con grandes diferencias entre sí, siendo la más alta la de 37.914 euros exigidos a un paciente atendido en el área de Santiago de Compostela en abril de 2013. A otra paciente le exigen el pago de 12.067 euros por una atención de enero del año pasado en el área de gestión de Lugo, Cervo y Monforte.
La amenaza de embargos, que puede afectar a cuentas bancarias o a bienes, se divide entre las 31 del área de gestión de A Coruña (9.216 euros en total), 150 y cuatro aseguradoras del área de Santiago (132.736 euros), 335 del área de Lugo, Cervo y Monforte (238.324 euros), siete del área de Pontevedra y O Salnés (9.201 euros), siete del Hospital de O Barbanza (2.563 euros), 45 y una aseguradora del área de Ourense, Verín y O Barco (34.879 euros), cinco de la gerencia de Monforte (1.671 euros). Y todavía restan tres las posibles modificaciones de octubre, noviembre y diciembre para cerrar el año.
