Aunque pueda pecar de quedarse corto con todas las opciones que van a penalizarse, el lema del "impuesto al sol" que toda la oposición, asociaciones de consumidores y el sector de las energías renovables, entre otros muchos críticos, empleaban en las últimas semanas para arremeter contra el Ministerio de Industria, sí es muy ilustrativo de lo que el Gobierno aprobó ayer. El polémico decreto para regular el autoconsumo de electricidad. Tras varias modificaciones del borrador inicial y las reticencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y hasta del Consejo de Estado, la normativa está lista para su entrada en vigor con el mantenimiento del cargo para los hogares y las empresas que cubran por sí mismas sus necesidades de luz. El ministro José Manuel Soria les equipara como "cualquier otro consumidor más" para defender que los productores domésticos de electricidad contribuyan a soportar el sistema eléctrico, el déficit de tarifa -el desequilibrio entre lo que cuesta prestar el servicio y lo que se recauda-, los gastos a mayores que se llevan los sistemas de Canarias y Baleares por la insularidad o los incentivos que sustituyeron a las antiguas primas para las fuentes limpias. Es, según sus detractores, el jaque mate para esta fórmula de consumo energético. "Un marco que permite el desarrollo ordenado", asegura, en cambio, el ministerio, que desoye así las contundentes alegaciones que la Consellería de Industria remitió para "encontrar un equilibrio adecuado que garantice" el autoconsumo y su contribución al sistema.
"Esos pagos le permiten que, si tiene que acudir al sistema, pueda tener energía en cualquier momento", insiste Soria. Por eso las únicas que se salvan de pagar son aquellas instalaciones que estén desconectadas de la red. Ya el departamento que dirige Francisco Conde llamaba la atención en sus reivindicaciones que no podían tener "el mismo tratamiento" que el resto y finalmente el Gobierno central las deja exentas. Pero en la práctica esto supone bien poco. En la actualidad, según confirman varias fuentes del sector, no hay tecnología que garantice el suministro eléctrico en caso de que el miniaerogenerador o, sobre todo, las placas fotovoltaicas de una vivienda dejen de producir por falta de viento o sol. "Desengancharse no es viable", subrayan.
En "el principio", como expresamente argumenta el Ministerio de Industria, de que "todos los consumidores deben contribuir de igual manera a los costes generales del sistema" hay dos excepciones. Los de las islas, porque "el autoconsumo sí permite reducir el coste de generación en estos territorios suponiendo un ahorro para el conjunto de los consumidores", y los contratos de potencia por debajo de los 10 kilovatios (kv). Pero los pequeños consumidores se enfrentan a dos importantes restricciones. La imposibilidad, al menos como recogía el último borrador del decreto y que su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) confirmará, de que las viviendas en bloque o los negocios de un polígono industrial puedan compartir instalaciones de autoconsumo; y la de vender la electricidad que les sobre. Para eso habrá que contar con una instalación de más de 100 kv de potencia e inscribirse, además, en el registro de productores de electricidad.
La Xunta, en sus contundentes alegaciones, reclamaba al Ministerio de Industria una compensación directa para los autoconsumidores. "Deberían contar con el establecimiento de un balance neto determinado por la diferencia entre lo que vierten a la red y lo que consumen", señalaba la consellería, como avanzó FARO hace tres meses. Ese balance neto, "calculado para periodos de tiempo largo", hubiera permitido a los hogares o bien reducir el coste de la factura de la electricidad que necesitan hasta donde no cubra sus instalaciones o recibir una contraprestación económica por la venta.
