CAMBIOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN PATOS

Operación Patos | Feijóo ultima la destitución de Bravo Bosch como delegada de la Xunta en Vigo

López-Chaves, será su sucesor. La decisión se produce a un mes de que declare como imputada en la "operación Patos". Su homólogo en Ourense, Rogelio Martínez, también será reemplazado

08.10.2015 | 12:44


María José Bravo Bosch e Ignacio López Chaves. // José Lores

La Operación Patos dirigida desde Vigo que investiga la presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos se cobraría la primera pieza política hoy con la destitución de la delegada de la Xunta en la ciudad olívica, María José Bravo Bosch. La decisión podría materializarse esta misma mañana en el Consello de la Xunta, al mismo tiempo que se aprobaría el nombramiento de su sustituto, el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López-Chaves. Como futurible relevo en el Puerto se perfila el exconselleiro de Pesca y actual senador del PP, Enrique López Veiga.

A la marcha de Bosch se uniría la de su homólogo en Ourense, Rogelio Martínez, imputado en otro caso por presuntas irregularidades en la gestión de fondos europeos durante su etapa como alcalde de Arnoia. Fuentes del entorno del PP enmarcan estos cambios dentro de la decisión anunciada esta semana por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando avisó de que "la renovación que nos piden los gallegos no acaba con la configuración del nuevo gobierno".

María José Bravo Bosch fue nombrada delegada de la Xunta en Vigo en enero de 2012, siendo concejala del PP en Vigo. Está imputada junto a otras 50 políticos y funcionarios por la magistrada instructora de la Operación Patos, la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, María del Carmen García Campos. Bravo Bosch deberá declarar en los juzgados el próximo 5 noviembre.

Desde que el pasado mes se levantase el sumario de la Operación Patos tras más de dos años de pesquisas, María José Bravo Bosch fue una de las imputadas que más se pronunció sobre las acusaciones que se vierten contra ella. Aseguró que se "esperaba" ser señalada públicamente por esta investigación pero negó de forma categórica que favoreciese a uno de los principales cabecillas de la red, el empresario Enrique Alonso Pais, gerente de Eiriña, aunque sí admitió que lo conocía desde hace años por su relación con el PP, y lo consideraba "un hombre de partido". Eiriña habría sido supuestamente beneficiada con contratos obtenidos de instituciones públicas como los Concellos de Vigo, Pontevedra, la Diputación de Pontevedra, y de la delegación de la Xunta en Vigo. En varios informes elaborados por los agentes de la UDEF de la Policía Nacional aportados a la juez se recogen conversaciones telefónicas en las que Pais hace gala de la relación que mantiene con la delegada de la Xunta y presidenta del Consorcio del Casco Vello. De departamentos de la Xunta en Vigo, Eiriña obtendría obras gracias, según sostiene la Policía, al supuesto amaño en las condiciones de los concursos articulado, según recoge el sumario, en connivencia con Bravo Bosch y otros funcionarios de consellerías con sede en la Praza da Estrela, también imputados.

Los motivos por los que la Fiscalía solicita la imputación de delegada son varios. Le atribuye presuntas irregularidades en la concesión de un curso de formación a una empresa de la hermana y del cuñado de Belén Villar, concejala de Ponteareas, investigada pero no imputada y persona de confianza de Pais. También por la recolocación del funcionario de la Xunta en Vigo, Alfonso Fernández Comesaña, igualmente imputado en la trama, y por contratos de obra del Meixueiro, Vilagarcía y Panxón. A esto añade obras que menciona el informe policial relativo al Consorcio del Casco Vello y por un hipotético trato de favor a Eiriña en contratos de la Diputación Provincial de Pontevedra.

Abogada y profesora titular de Derecho Romano en la Universidad de Vigo, María José Bravo Bosch, de 48 años, ha desempeñado diversos cargos públicos. Fue directora general de los departamentos autonómicos de Familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, y de Transportes, en distintos momentos de la etapa en la que Manuel Fraga estuvo al frente de la Xunta.

La otra destitución que según las citadas fuentes está sobre la mesa es la de Rogelio Martínez, delegado de la Xunta en Ourense. Imputado por el gasto de fondos europeos en una planta de biomasa cuando era presidente de la Mancomunidade do Ribeiro y alcalde de Arnoia, en declaraciones ayer a este periódico razonó que "el cese se puede producir en cualquier momento, debido a que el presidente de la Xunta está haciendo renovación". En cambio, matizó: "Yo los ceses no los vinculo con nada, porque no hay nada que vincular. Acaba de producirse en una conselleira de la Xunta sin ningún motivo de ese calibre".

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