La pieza principal de la Operación Patos, la mayor causa abierta por presunto tráfico de influencias en la provincia de Pontevedra ya tiene su hoja de ruta para la toma de declaraciones de los 26 imputados, entre los que figuran siete políticos, 13 empresarios y seis técnicos y funcionarios de la administración. La magistrada del Juzgado de Instrucción 7 de Vigo, que investiga presuntas irregularidades que salpican a la Delegación de la Xunta, la Diputación de Pontevedra, el Concello de Vigo y la Autoridad Portuaria, interrogará a los implicados en apenas dos meses, eludiendo la precampaña y la campaña de las Elecciones General de diciembre y con un parón en Navidades. Las defensas tendrán ahora cuatro semanas para estudiar los 13.500 folios de la causa.
El dueño de la constructora Eiriña, Enrique Alonso Pais, y otro grupo de firmas que se consideran epicentro de la trama de corrupción que se investiga, comparecerá en sede judicial el próximo 30 de octubre. Una semana después comenzará la ronda de declaraciones de los imputados de la delegación de la Xunta en Vigo, con su responsable al frente. María Jesús Bravo Bosch acudirá al juzgado el 5 de noviembre.
Alonso Pais, al igual que el director de Eiriña, Jaime Manuel Alvariñas Villanueva y el responsable de Cespa Juan Ramón Alonso García, fue detenido en febrero de 2014 al estallar la Operación Patos y desde entonces está en libertad con cargos. Ninguno de ellos prestó declaración ante la juez instructora, acogiéndose a su derecho a no declarar a la espera de que se levantara el secreto de sumario que pesaba sobre la causa hasta el pasado mes de septiembre.
Pais será el primero en prestar declaración, si decide hacerlo. La investigación apunta a un "amaño" continuado para lograr contratos públicos y atribuye a Eiriña connivencia con miembros de mesas de contratación y pactos con otras firmas para obtener adjudicaciones de concellos, Diputación y Xunta.
El mismo día que Bravo Bosch, serán interrogados también Alvariñas Villanueva y José Ramón Alonso. En días posteriores, esa misma semana, declararán los técnicos imputados de la Xunta en Vigo, caso de Juan Pedrosa, Alfonso Fernández Comesaña y Ana Gómez, así como el jefe de gabinete Francisco Javier Carballeda.
El expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán y el exvicepresidente, José Manuel Figueroa, han sido citados para el 10 de noviembre, y en días posteriores lo harán el técnico de la Diputación Manuel Ángel González Juanatey y el que era jefe de gabinete de Louzán, Luis Serantes, así como los técnicos de la Autoridad Portuaria y varios empresarios relacionados con la supuesta adjudicación irregular de cursos en la Delegación de la Xunta.
El concejal de Fomento de Vigo, David Regades, declarará el 19 de noviembre, al igual que los técnicos municipales Álvaro Crespo y Jerónimo Centrón. El alcalde, Abel Caballero , a quien se implica en la recepción de un reloj como regalo navideño en 2010, y los ediles vigueses Ángel Rivas e Isaura Abelairas comparecerán con el funcionario Moldes Crespo el 26 de noviembre. La ronda de declaración de imputados se suspenderá ese día hasta el 13 de enero, fecha en que concluirán los interrogatorios con la comparecencia de nueve empresarios.
El calendario fijado por la magistrada Carmen García Campos facilita que todos los políticos implicados en la Operación Patos declaren antes de que comience la campaña de las elecciones generales, fijadas para el 20 de diciembre. Todavía falta por saber si la magistrada admitirá el recurso del fiscal para que la presidenta de la asociación vecinal Pedra Moura declare como imputada.
