La Diputación de Ourense no tendrá que devolver los 10,12 millones de euros de fondos europeos recibidos para dos proyectos de instalación de un centenar de depuradoras compactas en pequeñas poblaciones del rural. La Oficina Antifraude Europea, OLAF, detectó irregularidades en la adjudicación de sendos contratos y declaró no justificada la concesión de dicho importe. El gobierno provincial recurrió el expediente de reintegro por la vía judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de darle la razón.
La sentencia no entra a valorar todas las alegaciones que formuló la Diputación a través de sus servicios jurídicos porque ya estima la primera de ellas al considerar que la acción de reintegro está prescrita: La investigación de la OLAF se inició cuatro meses después de que se agotase el plazo máximo establecido para la reclamación.
El presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, convocó ayer a los medios de comunicación para hacer pública esta sentencia, dictada por la sección sexta de la sala de lo Contencioso Administrativo del TS de Madrid, con fecha del 30 de septiembre. También mostró su total satisfacción por lo que considera una "victoria jurídica" de la institución que favorece a la provincia y anunció que aportará esta resolución a la documentación que obra en poder del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, donde paralelamente se investiga un posible delito penal en la gestión de estos fondos europeos.
