La Consellería de Medio Ambiente ha enviado una carta a los alcaldes de los 87 municipios costeros de Galicia para poner a su disposición asesoramiento de técnicos de urbanismo con el fin de lograr que el mayor número de núcleos tradicionales costeros puedan ser regularizados

En la misiva, la conselleira, Ethel Vázquez, indica "las nuevas posibilidades que brinda la reforma de la Ley de Costas en el proceso de regularización de los núcleos tradicionales del litoral", señala la Xunta en un comunicado. Esta implicación de la Administración autonómica se produce diez días después de que el Ministerio de Medio Ambiente aceptara el papel de la Xunta como mediadora en el conflicto tras una primera fase en la que solo aceptó regularizar un 10% de las solicitudes planteadas por los concellos. Aunque también es cierto que solo algo más de la mitad de los municipios afectados decidieron pedir la legalización sus núcleos afectados por el deslinde del litoral.

Según la carta, la Administración autonómica "es consciente de las dificultades que algunos ayuntamientos pueden tener para aprovechar esas oportunidades", dado que las tramitaciones y los análisis urbanísticos deben ser abordados por técnicos especialistas en la materia.

Asimismo, la titular de Medio Ambiente apunta que la Xunta está "trabajando en una demanda histórica", que consiste, señala, "en reclamar que el suelo de núcleo rural, propio de la idiosincrasia gallega, sea asimilable a la clase básica estatal de suelo urbano".

En este sentido, destaca el trabajo del Ejecutivo gallego en cuanto al asesoramiento y la implicación con todos aquellos ayuntamientos que lo solicitaron, y las numerosas reuniones mantenidas con la Dirección general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, "con el objetivo de que el Gobierno español entendiese y reconociese la verdadera situación de la costa gallega".

De los 87 concellos con costa en Galicia, solo 46 presentaran solicitudes para regularizar 142 asentamientos marineros, cuando se calcula que en total hay unos 255 afectados con 12.500 viviendas. Estos núcleos están fuera del ordenamiento municipal y además permanecen sujetos a fuertes restricciones urbanísticas, ya que dependen de Costas al estar ubicados en la franja de cien metros de tierra a contar desde la línea de mar. Lo que tienen que demandar los ayuntamientos es que se regularicen, acreditando que existían antes de 1988, y rebajar la zona de servidumbre a 20 metros, para permitir que así que estos pueblos vuelvan a incorporarse a la ordenación municipal ordinaria.

Mientras tanto, en las viviendas solo se pueden hacer tareas mínimas de mantenimiento, pero ninguna reforma de ampliación.

Sin embargo, el proceso es complicado. De las 142 peticiones tramitadas para sacar a estos núcleos de población de la alegalidad, Costas solo emitió un pronunciamiento favorable para catorce, nueve de ellos en la provincia de Pontevedra y otros cinco en la de A Coruña. Todas las demás las desechó, con el agravante de que una docena de ayuntamientos ni siquiera atendió los requerimientos del Ministerio de Medio Ambiente para aportar más documentación e intentar salvar algún núcleo.

En todo caso, el Gobierno aún está pendiente de resolver los expedientes presentados por otros once municipios.