La construcción de un galpón en la finca, hacer un garaje, construir una piscina, habilitar la terraza como ático o cerrar el balcón para ganar unos metros al salón. Todo debe declararse al Catastro porque afecta al valor del inmueble y eso debe repercutirse sobre el recibo del IBI. La mayoría de los bienes destapados son nuevas construcciones, el 35 por ciento, según los datos del Ministerio de Hacienda.
Otro 32 por ciento se corresponden con ampliaciones: por ejemplo, aumentar un piso a una vivienda o incrementar su superficie cerrando una terraza.
En otro 29 por ciento de los casos, el inmueble fue sometido a una reforma o a un cambio de uso que alteró su valor y que no fue notificado al Catastro. "Arreglar una casa de cien años que estaba en ruinas, por ejemplo", explican desde el departamento de Cristóbal Montoro.
Y, en menor medida, los inspectores del Catastro detectaron un millar de piscinas de obra que no estaban dadas de alta en el Catastro y que, por lo tanto, no pagaban el IBI correspondiente. Esto se corresponde con el 4 por ciento de los inmuebles regularizados.
Desde Hacienda defienden este proceso de regularización como una cuestión de "justicia". "Un chalet construido, por ejemplo, en una parcela urbana y no declarado en el catastro inmobiliario disfruta de los mismos servicios públicos de las entidades locales que el resto de sus vecinos (servicios sociales, alumbrado, saneamiento, recogida de basuras...). Por lo tanto, es necesaria su incorporación al Catastro para su contribución al sostenimiento de dichos servicios públicos", explican desde el ministerio.
