"Estuve con el presidente, que el tema del Puerto ese va para adelante", confesaba el empresario de Eiriña, Enrique Alonso Pais, a su socio, en octubre de 2013. El presidente, supuestamente era Ignacio López Chaves y el asunto ese era que Eiriña se llevaba la ampliación del puesto de control anexo al escáner de contenedores, que finalmente le fue adjudicada en diciembre de 2013 por algo más de 26.000 euros, sin incluir el IVA. La obra, según el informe de la Udef, se tramitó de forma irregular y el dueño de Eiriña habría sometido a "presiones" a la máxima autoridad del Puerto. Por esta presunta irregularidad, la juez acaba de imputar al jefe de división de Proyectos de la Autoridad Portuari. López-Chaves no está imputado. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ve "patente" el tráfico de influencias en la adjudicación de esta obra a la empresa Eiriña y sostiene que se pudo vulnerar la legalidad con conocimiento de, al menos, un técnico del Puerto. La obra, según el informe policial, se habría tramitado de forma irregular y se habría inflado en dos mil euros para compensar lo que se adeudaba a Eiriña de otra obra. López-Chaves, sobre el caso que salpica a su organismo, no quiso hacer ayer valoraciones. "Hablaré cuando tenga más información", dijo.
