El Gobierno acordó ayer interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada en 2014 en Galicia. Según explica la Xunta, existen tres puntos de discrepancia con el Ejecutivo central. Por un lado, hay divergencias en materia de tributos. Otro punto de fricción es sobre minas -esta normativa crea un nuevo impuesto sobre la actividad minera-. Y, por último, también surgieron diferencias en materia de comercio, aunque existía un principio de acuerdo.
