OPERACIÓN PATOS

Operación Patos | La Fiscalía pone bajo sospecha 44 contratos de Xunta, Diputación y Concellos por más de 17 millones

► La prórroga a Cespa para el cuidado de los jardines de Vigo, por 5,5 millones de euros, es la cifra más elevada.
► Eiriña hizo obras en los campos de fútbol de Coia, Coruxo, Moraña y Balaídos valoradas en casi 3,5 millones

23.09.2015 | 08:42
Uno de los registros policiales durante las detenciones de la Operación patos en 2014. // Xoan Álvarez

La Fiscalía de Delitos Económicos de Vigo pone bajo sospecha 44 adjudicaciones de obras y servicios, valoradas en más de 17 millones de euros, por parte de la Xunta, la Diputación de Pontevedra y los concellos de Vigo, Nigrán, Santiago, Pontevedra y Ponteareas a las empresas situadas en el epicentro de la trama de la Operación Patos, Eiriña S.L. y Cespa por presunta corrupción. Enrique Alonso Pais, socio de Inversiones Patos -que dio nombre a la mayor operación contra el tráfico de influencias en la provincia de Pontevedra- y al frente de la constructora Eiriña, consiguió en la última década numerosos contratos de obra pública, no solo para él sino para empresas "amigas", y, previsiblemente medió en favor de Cespa a tenor de los informes policiales de la causa.

Las escuchas telefónicas demuestran contactos directos, como se jactaba con otras personas, con el entonces presidente de la Diputación, Rafael Louzán al que ponía "las pilas"; la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, que le definió como "hombre de partido" ; o los ediles vigueses Ángel Rivas y David Regades: "hablo con los jefes, no con los peones", aseguraba el constructor. Todos ellos forman parte del listado de 49 nuevos imputados que ha solicitado el fiscal Juan Carlos Horro en el informe emitido a petición de la juez de Instrucción 7 de Vigo, Carmen García Campos, y donde señala obras concretas con los presuntos "amaños" de la constructora Eiriña con políticos, empresarios y funcionarios.

  • Diputación de Pontevedra. La Fiscalía cuestiona 15 de las obras adjudicadas por el organismo provincial a Enrique Alonso Pais, padre de una concejala del PP en Vigo cuando fue detenido en 2014. Las de mayor importe económico se acometieron en los campos de fútbol de Coia (1,2 millones de euros), Moraña (848.327 euros) y Coruxo (235.000 euros). A éstas se suman el saneamiento de Nigrán (127.487 euros), las aceras de Mosteiro en Meis (258.760), caminos en Fornelos y San Mauro o el puente sobre el regato Caldeirón en A Estrada (150.000 euros). También se detectan posibles irregularidades en las áreas deportivas de Chans y Bembrive. El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, UDEF, constata la "petición de favores" tanto por parte de Rafael Louzán como por su jefe de gabinete para que Eiriña subcontrate ciertas partidas. En una de las escuchas telefónicas sobre las aceras de Meis, atribuida al jefe de gabinete, se le propone a Jaime Alvariñas, empleado de Pais y también imputado, que subcontraten el hormigón a una firma determinada; "El tipo además es compañero nuestro allí ... es concejal ...".
  • Concello de Vigo. Las adjudicaciones cuestionadas en Vigo afectan a la Concejalía de Parques y Jardines que dirige Ángel Rivas, y a la de Fomento, a cuyo frente está David Regades. Precisamente la prórroga y la ampliación del contrato de mantenimiento de jardines a Cespa en 2013, por 5,5 millones de euros es la partida de mayor cuantía en las adjudicaciones que la Fiscalía considera sospechosas, así como las plantaciones en la Avenida de Castelao, con importes en ejecución de hasta 114.497 euros y algunas obras menores adjudicadas a Eiriña. En el departamento de Fomento, el fiscal cuestiona las adjudicaciones a Eiriña de la humanización de la rúa Nicaragua por 2,2 millones de euros; el Centro de Interpretación de Vigo y la ría (253.733 euros), la obra del entorno de la iglesia de Zamáns (212.235 euros), las humanizaciones de Ferreirós (132.377 euros) e Hispanidade, el aparcamiento de Navia, el regato de Vilaverde (108.758 euros ). Además, el fiscal solicita más documentación para que una interventora del Estado la analice, sobre la adjudicación de la consolidación estructural en el estadio de Balaídos, por 1.135.016 euros, a Alonso Pais cuando estaba ya imputado en la Patos. Se otorgó en diciembre de 2014 a una UTE formada por Stradia Infraestructuras (propiedad de Pais, según la UDEF) y GPD Construcciones.
  • Delegación de la Xunta. En principio el ministerio público se refiere a tres contratos sospechosos de obras de pequeña cuantía en Meixueiro, Vilagarcía y Panxón, que no llegarían a los 50.000 euros pero que Eiriña habría conseguido por la mediación de María José Bravo Bosch, delegada en Vigo de la administración autonómica. También se investigan obras menores de otras dos empresas y actuaciones en el Casco Vello.
  • Nigrán y Ponteareas. El fiscal, en su último dictamen, se centra solo de pasada en algunos asuntos bajo sospecha en los concellos de Nigrán y Ponteareas. En el primer caso ha solicitado que se abra una pieza separada, que llevará la misma magistrada en Vigo, y en el segundo considera que la juez tendría que inhibirse en favor de los juzgados de Ponteareas. Aún así, cita como obras cuestionadas las de Porto de Molle (123.000 euros), aceras y pintado de señales viarias en Praia América o la actuación en la praza da Carrasca en Nigrán. En Ponteareas, las supuestas irregularidades afectan a la gestión y al mantenimiento de la estación de agua potable, justificación de gastos en el centro de día y de unas obras en el río Tea para una subvención.
  • Concello de Pontevedra. El ministerio público apunta presuntas irregularidades en tres obras por más de 2 millones de euros que concedió a Eiriña el Concello de Pontevedra, al parecer con defectos y reparos en su tramitación. Unas diligencias que el fiscal entiende deben seguirse en la ciudad del Lérez, al igual que un donativo para la cabalgata atribuido a Eiriña.
  • Concello de Santiago. El fiscal pide que los juzgados de Compostela asuman las diligencias sobre varias obras otorgadas a Cespa por importe de casi un millón de euros y que se judicialicen allí también obras adjudicadas por el Sergas, como las del centro de salud de Vilaboa.
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