Los indicios de la juez que alimentan la 'Operación Patos'

Las sospechas de "manejos" de los empresarios imputados con políticos fueron claves

21.09.2015 | 16:52
La juez Carmen García, que lleva la "Operación Patos". // M. G.Brea

Obras que se iban a otorgar "aunque sea a dedo", "presiones" al más alto nivel para lograr una adjudicación millonaria, alusiones a cargos públicos cerrándolas con un "ella cumple", promesas de "maniobras" para favorecer a un empresario que iba a perder un concurso, intenciones de buscar a "quien tenga mano ahí" en relación con un jugoso proyecto de 4,5 millones de euros o manifiestas expresiones de enfado al hablar de rectos funcionarios que llevaban las gestiones "por el libro". Y alusiones a "concellos amigos" o "regalos". O más palabras que, en apariencia, revelaban métodos poco legales: "Para que te la den [una obra] hay que dar bien, ¿me entiendes?" Todas estas expresiones pertenecen a conversaciones que se recogen en el sumario de la Operación Patos y que se derivan de las escuchas telefónicas ordenadas por María del Carmen García Campos, la juez de Vigo que lleva la causa.

Todas ellas -y muchas más- son citadas por la magistrada en los autos judiciales en los que, desde enero de 2013 y hasta un año después, fue prorrogando esos pinchazos al considerar que no hacían más que corroborar los indicios de la existencia de una presunta trama en la adjudicación de obras públicas que podrían constituir delitos de tráfico de influencias, prevaricación o cohecho. Lo que los investigados comentaban en esas conversaciones telefónicas y también lo que no -ciertas "inexplicables cautelas" al teléfono han sido interpretadas por la juez como indicativas de la "ilicitud" de lo que se conversaba- fue clave para que las diligencias judiciales derivasen, en febrero de 2014, en el arresto de los cinco actuales imputados y en numerosos registros. El levantamiento del secreto de sumario permite ahora conocer los argumentos que tuvo en cuenta entonces la magistrada para autorizar, mediante autos, que un amplio operativo policial entrase de forma simultánea en empresas, ayuntamientos y otros entes públicos de Vigo y de otras ciudades gallegas.

| Eiriña S.L. Las empresas y el domicilio de Enrique Alonso Pais, presunto cerebro de la trama, fueron objeto de registros. Y ello porque para la juez ya en ese momento existían indicios de los "tratos, manejos y gestiones" del empresario con políticos y técnicos del ámbito local, provincial y autonómico "de todo signo político". Unos contactos que buscarían obtener de forma supuestamente ilícita "adjudicaciones de contratos para obras públicas en detrimento de otras empresas" que creían que concurrían a dichas adjudicaciones "en condiciones de igualdad" que no existían. Se las "fulminaba". La magistrada cita obras en campos de fútbol, en colegios, de urbanización de calles, en hospitales... También expuso sus sospechas de que Pais tuvo "trato de favor" en relación con expedientes sancionadores. Jaime Alvariñas Villanueva, número dos de Eiriña, resultó imputado igual que su jefe.

| Cespa S.L. La otra empresa con nombre propio en la Operación Patos es Cespa, especializada en servicios de limpieza y ajardinamiento. El directivo Alfonso Clemente y el apoderado y empleado Juan Ramón Alonso están imputados. La juez, cuando ordenó el registro hace año y medio, apreció indicios de que merced a sus influencias con cargos políticos y técnicos del ámbito local, en concellos como el de Vigo, se le adjudicaban "de facto" contratos "simulando" que se tramitaban por las vías legales. A estos empresarios se les atribuiría también "tocar" a cargos y funcionarios con el fin de pagarles todos los gastos de asistencia a un congreso de parques y jardines públicos celebrado en 2013 en Málaga.

| Concello de Vigo. La entrada y registro en el ayuntamiento vigués fue autorizada por los presuntos tratos que Pais, en representación de Eiriña, y Alonso, por Cespa, tenían con ciertos concejales y funcionarios de dicha corporación. Las sospechas sobre los empleados públicos era que "mediaban" con estos empresarios "en orden a la remoción de obstáculos" para que sus sociedades se beneficiasen de la adjudicación de obras o servicios públicos "o para el cobro de facturas u otras compensaciones económicas no debidamente justificadas o eludiendo requisitos o trámites administrativos". Algo que permitiría presuntamente suponer "algún tipo de contraprestación". Un edil que tuvo el foco de la investigación sobre él, hasta el punto que su teléfono móvil fue intervenido, es Ángel Rivas.

| Delegación de la Xunta/Consorcio Casco Vello. Las sospechas también se extendieron a estas administraciones. Las continúas alusiones del dueño de Eiriña en sus conversaciones telefónicas "a la amistad que tiene" con la delegada María José Bravo Bosch "y a los favores que le hace", o a que acudía a ella "ante problemas u obstáculos que se le plantean en relación con algunas adjudicaciones", son indicios que tuvo en cuenta la magistrada para autorizar el registro de estos entes. También apreció "manejos" entre Pais y técnicos de la delegación. Los pinchazos telefónicos apuntarían a la supuesta intermediación del empresario para que la hermana de una concejala obtuviese un curso o para que un funcionario lograse, siempre según las diligencias, un puesto "de mayor nivel y mejor pagado".

| Diputación de Pontevedra. Los indicios de presuntos "manejos" en las adjudicaciones alcanzan asimismo a la Diputación pontevedresa, hasta el punto de que la juez, en su auto de febrero de 2014 autorizando la entrada de la Policía Nacional en el ente provincial, apuntaba que tres técnicos del mismo podrían haber favorecido la conducta del dueño de Eiriña y del concejal de Nigrán imputado "actuando en orden a la consecución de los fines que los mismos buscan a sabiendas de que se están vulnerando los requisitos y principios que han de regir la contratación pública".

| Otros ayuntamientos y organismos públicos. La juez también ordenó entonces registros en el concello de Nigrán -donde resultó imputado el concejal José Alvarez Valverde-; en Ponteareas -donde el foco se puso, aun sin estar imputada, sobre una edil, Belén Villar, extrabajadora de una empresa de Pais-; y en los ayuntamientos de Santiago, Pontevedra y Ourense. Otra administración donde entró la Policía Nacional fue la Autoridad Portuaria.

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