El fiscal pide la imputación de más de 40 políticos, técnicos y empresarios por la operación Patos, abierta en 2011 y que ya contaba con cinco imputados.En el escrito del Ministerio Público, después de que la semana pasada se levantase el secreto de sumario sobre una investigación con más de 13.500 folios, se propone a la magistrada que lleva el caso que llame a declarar en condición de imputados, a los que ya estaban, entre ellos el dueño de Eiriña, Enrique Alonso Pais, en el centro de la supuesta trama para amañar contratos públicos, y el exedil de Nigrán, del PP, José Álvarez Valverde, y amplía la lista con la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch; el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán; el exvicepresidente, José Manuel Figueroa; los ediles de Vigo David Regades y Angel Rivas y el anterior alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, a los que atribuye presuntos amaños en contratos y obras públicas, y a algunos de ellos además la supuesta recepción de regalos, como por ejemplo Louzán, Figueroa, Rivas y Regades.
En la propuesta también plantea a la instructora pedir la imputación del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y de la concejala Isaura Abelairas, por la presunta recepción de regalos. En el caso de Caballero se trataría de un reloj de 1.750 euros en 2010 y de una pluma en 2009, e Isaura Abelairas, de un colgante y unos pendientes. Existen supuestos regalos de mayor cuantía, para cuyos destinatarios no existe de momento petición de imputación. El fiscal sostiene que la imputación por regalos debe hacerse en aquellos casos que superan"las cuantías aceptadas como meras atenciones por usos sociales" y con posterioridad al año 2009, ya que los anteriores supuestos estarían prescritos.
El fiscal propone separar la causa de la Patos y que se complete en otros juzgados territoriales la instrucción de las investigaciones sobre los concellos de Ponteareas, Pontevedra, Santiago y Ourense. También solicita causas separadas por investigaciones sobre Cespa y sobre Ence, que le corresponderían a los juzgados de Pontevedra, y otra, por un centro de salud en Vilaboa, del que sería competente el juzgado de Santiago.A la juez de Vigo Carmen García le correspondería continuar con las instrucciones referentes a la Delegación de la Xunta en Vigo y el Consorcio del Casco Vello, Diputación de Pontevedra, los concellos de Vigo y Nigrán y la Autoridad Portuaria de Vigo. Como ve "inexistencia de delito" en las obras investigadas en Zona Franca y en los contratos de Aqualia, le pide a la juez que resuelva sobre ellos.
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Las peticiones de imputación serían 8 en relación con la investigación de la Delegación de la Xunta en Vigo, 11 por la causa de la Diputación de Pontevedra, cinco por el Concello de Vigo, tres por la Autoridad Portuaria de Vigo, 18 por el concello de Nigrán y 9 por los regalos.
