Tras las millonarias subvenciones concedidas en los últimos años para intentar reactivar o al menos conservar el empleo durante los ejercicios más castigados por la crisis, ahora toca comprobar que los beneficiarios, ya sean empresas o emprendedores, han cumplido con los objetivos de crear y mantener los puestos de trabajo. Para ello, la Xunta revisará miles de expedientes tramitados en los últimos seis años, que en total suman 69 millones de euros en subvenciones, para verificar que los receptores de los fondos públicos han cumplido con el deber de mantener los empleos. En caso de descubrir que no es así, la Administración autonómica iniciará el procedimiento de reintegro para recuperar el dinero concedido en ayudas.
De esta labor de control no se encargará la Xunta directamente, sino que lo hará a través una auditora externa. Para ello, ha licitado un contrato con un presupuesto de salida de 150.000 euros. El plazo para presentar los resultados concluye en junio de 2016. Para entonces el Gobierno gallego ya tendrá un idea más exacta del grado de eficacia que tienen estas subvenciones en el tejido productivo. En este caso no se trata de comprobar si la subvención fue bien otorgada, sino de que los beneficiarios mantuvieron los puestos de trabajo previstos, "para los que normalmente se pide un mantenimiento de tres años", precisa la Xunta.
Se verificarán las ayudas concedidas entre los años 2009 y 2014 por la Secretaría Xeral de Igualdade y por la Consellería de Traballo y el importe máximo a comprobar es de 69 millones de euros, parte de ellos procedentes de fondos europeos.
La Xunta desconoce exactamente cuántos expedientes se tendrán que revisar, pero como las subvenciones oscilan entre los 3.000 y los 10.000 euros, el número de beneficiario se moverá en una horquilla de entre 6.900 y 23.000.
El grueso del control se realizará sobre las fondos concedidos por la Consellería de Traballo, ya que los aportados por la Secretaría Xeral de Igualdade apenas superan los tres millones de euros.
En una primera fase, que ya se desarrollará este año, se controlarán expedientes por importe de 46 millones de euros, mientras que en 2016 se comprobarán los correspondientes a otros 23 millones.
"Las ayudas al empleo se dan a personas desempleadas, aunque también pueden otorgarse para fomentar la transformación de contratos temporales en indefinidos. La tipología de las ayudas va desde su concesión a empresas que contraten desempleados en general o a colectivos específicos, como a personas jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad, inmigrantes u otros colectivos en riesgo de exclusión", detalla la Xunta en el pliego de condiciones de la asistencia técnica sobre el alcance de las comprobaciones.
Traballo asegura que verificaciones semejantes se realizaron en el pasado, pero este proceso de verificación coincide en un año en el que la Xunta se vio forzada a reforzar los controles en las subvenciones destinadas a la formación de trabajadores a raíz de la operación Zeta, con epicentro en A Coruña, en la que empresas cobraron ayudas por impartir cursos ficticios en los que no había alumnos ni siquiera instalaciones físicas.
Las nuevas medidas de seguridad se comenzaron a aplicar con la primera convocatoria del año para cursos de formación, cuyo importe ascendía a 23,5 millones de euros con la previsión de llegar a 10.000 parados. Se incrementaron los seguimientos presenciales de los alumnos y se implantó la llamada huella digital para poder comprobar desde la Administración autonómica que los beneficiarios existen de verdad y que además asisten a los cursos.
También se prohibió la contratación del servicio docente por parte de cualquier empresa subvencionada con estos fondos y solo se puede contar con personas físicas como profesores, bien como autónomos o trabajadores por cuenta ajena, que además tienen que presentar ante la Xunta comprobantes de su alta en la Seguridad Social y el cobro de la nómina.
