La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía involucra al exalcalde de Ponteareas Salvador González Solla y a la que era su concejal de Hacienda, Belén Villar, en al menos tres supuestos delitos de falsedad documental, contra la hacienda pública y prevaricación cometidos en el Concello. Además, implica a otros altos funcionarios del Ayuntamiento en prácticas ilegales. Las escuchas telefónicas practicadas al amparo de la operación Patos, junto con los registros realizados en el Ayuntamiento, llevan a los investigadores a concluir, entre otras consideraciones, que la adjudicación a Aquagest del contrato para la gestión de la estación de tratamiento de agua potable no se ajustó a la ley, que el Concello falseó documentos para acceder a una subvención con la que financiar una senda en el río Tea y que elevó de forma ficticia los gastos de un centro de día, simulando dos contratos de personal, para poder percibir más fondos del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
En cuanto a la gestión y mantenimiento de la depuradora, la UDEF sostiene que fue adjudicada (en 2012) por más de 100.000 euros anuales "sin licitación ni procedimiento legal alguno, incumpliendo claramente la legislación vigente al respecto".
En las llamadas telefónicas intervenidas, la Policía registró una conversación entre la concejala de Hacienda y el empresario Enrique Alonso Pais (propietario de la empresa Eiriña sobre la que gira la operación Patos) en la que Belén Villar -trabajadora en excedencia de otra empresa de Enrique Alonso- le trasladaba el "desmesurado interés del alcalde" para que Aquagest -dado que conocía a su representante, Casimiro González- se llevara el contrato, a pesar de que la propia edil, según consta en el sumario, conocía que no se iban a respetar los trámites administrativos obligatorios.
La interventora general del Estado asignada a la investigación certifica, por su parte, que la gestión de la estación de tratamiento de agua potable tenía que salir a licitación pública.
"Se adjudicó por la vía de hecho a Aquagest con solo una providencia municipal del alcalde. Todo se llevó a cabo con total conocimiento de lo injusto de la resolución administrativa por medio de la cual se dotó de aparente legalidad dicha concesión arbitraria", sostiene la Policía Nacional, para la que esta actuación podría ser constitutiva de un delito de prevaricación.
La UDEF asegura que este procedimiento irregular se consumó con "total conocimiento" del alcalde, de la edil de Hacienda, de la interventora municipal y de dos técnicos.
Otro aspecto investigado por la Policía fue la construcción de una senda peatonal recorriendo la orilla del río Tea, en cuya financiación contribuyó con una subvención de 73.685 euros la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), a su vez procedente de fondos europeos. En teoría, las obras las tenía que realizar el Concello con medios propios para poder optar a la ayuda, pero lo que hizo fue contratar los trabajos a una empresa privada y luego certificar que fueron ejecutadas por el propio Ayuntamiento.
Aquí los investigadores consideran que se cometieron los delitos de falsedad documental y contra la hacienda pública. Y vuelven a señalar como responsables al regidor y a la edil de Hacienda. "Los hechos descritos son plenamente conocidos por el alcalde y la concejala", asegura la UDEF.
Otro supuesto delito descubierto con la intervención de las llamadas y los registros alcanza al centro de día de Ponteareas. En este caso, la concejal de Hacienda habría simulado la contratación de dos trabajadores para inflar los gastos y repercutirlos al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Aunque la Policía responsable de este comportamiento a la edil y a un funcionario, sostiene que esos hechos, "con claros indicios de delito de falsedad documental", se cometieron con el consentimiento del alcalde, dado que firmó la justificación de gasto remitida, para su cobro, al consorcio.
En todo caso, los investigadores aclaran que puesto que se está simulando un gasto de dinero público inexistente, ignoran el destino del mismo, así como la intención por la cual se realizaron contratos ficticios de dos trabajadores.
Tentativas
Los agentes también descubrieron que una funcionaria de la Diputación de Pontevedra intentó influir en el Concello de Ponteareas para que se contratara a su hija como orientadora laboral, objetivo que al final no consiguió. La persona que actuaba como mediadora en el Ayuntamiento era Belén Villar, como también intentó contratar a otra persona "a sabiendas de que estaba cometiendo algo delictivo", que finalmente tampoco accedió al puesto de trabajo.
