Operación Patos | La investigación atribuye al edil vigués Rivas numerosos "enchufes" en una concesionaria

Destaca su estrecha relación con los empresarios imputados -La Policía ve "arbitrariedades" en la puntuación de ofertas de 9 expedientes de contratación de obras del Concello de Vigo

18.09.2015 | 09:23
El edil vigués Ángel Rivas. // FDV

La investigación a la que estaba sometido Enrique Alonso Pais, el responsable de Eiriña SL, desveló los numerosos contactos y encuentros que mantenía con políticos y técnicos del Concello de Vigo, especialmente con el concejal de Jardines socialista, Ángel Rivas. Alonso Pais, "el conseguidor" de contratos públicos, tenía también una estrecha relación comercial con Juan Ramón Alonso, apoderado de Cespa SA, empresa en la que también había trabajado él.

La nula prudencia al teléfono, y los correos entre responsables de las dos empresas con técnicos y funcionarios de distintas administraciones sobre licitaciones, pusieron de relieve una amplia trama de amaños y favores. Entre las supuestas actividades ilícitas en Vigo, a tenor de la documentación intervenida en los registros, los investigadores apuntan el interés de Alonso de hacerse con las contratas públicas para las obras a realizar en el estadio de Balaídos, donde había acometido otras pequeñas actuaciones, para lo que habría "influido y presionado" a directivos del Celta y a políticos del Concello. De hecho, señalan que Eiriña logró bajo la nueva denominación de Stradia Infraestructuras SL y en UTE GPD construcciones SA una obra concedida por el Concello por importe de 1.136.016 euros. Los investigadores apuntan que el cambio de nombre se produce tras la operación policial que hizo saltar a los medios Eiriña SL, y que la segunda firma es otra de las consideradas "amigas" con la que en alguna ocasión han presentado ofertas en otros concursos.

Para asegurarse las obras del campo de fútbol, siempre según los datos que obran en las diligencias, Pais contrata el suministro de hormigón para unas obras en Pontevedra a Hormigones Val Miñor, de la que forma parte el vicepresidente del Celta y de la que también fue directivo hasta hace un par de años el edil Ángel Rivas, imputado en otra causa abierta por otro juzgado de Vigo por presunto delito de prevaricación administrativa al participar en la adjudicación de obras municipales a constructoras que, a su vez, subcontratarían a Hormigones Val Miñor el cemento. Dadas las comunicaciones intervenidas y la documentación que obra en la causa, la UDEF considera conveniente que la Intervención General del Estado examine el expediente administrativo de contratación del Concello de Vigo de la obra de Balaídos.

También merecen la atención de los investigadores nueve expedientes de contratación de obras del Concello a Eiriña en el que detectan "múltiples irregularidades" e incluso arbitrariedades puestas de manifiesto por el Interventor municipal. Se trata de procedimientos de urgencia o de negociado que en los que las motivaciones de puntuación de las ofertas realizadas son inexistentes y en las que se atribuirían más o menos puntos a iguales conceptos, según la empresa a la que interesa la adjudicación. Este sería el caso de la Humanización del entorno de la Iglesia de Zamáns donde con una valoración correcta el contrato habría sido adjudicado a otras de las firmas, según el informe policial.

Pero además de obras y contrataciones, la investigación apunta a presuntas irregularidades de menor entidad, como la retirada de una sanción impuesta a la suegra de Enrique Alonso por vertidos de Cespa en una finca de su propiedad "tocando" a técnicos y políticos del Concello hasta que finalmente se archivó; entregas de prebendas y favores, regalos de joyería e incluso el pago de servicios sexuales a un funcionario encargado de las puntuaciones de las ofertas presentadas por los contratistas.

Pero a tenor de la documentación y el material informático intervenido a Cespa, su delegado en Vigo, Juan Ramón Alonso, tampoco se quedaba atrás en cuanto a relaciones con políticos y funcionarios, si bien en la mayoría de los casos tenía a Alonso Pais también como mediador.

Los investigadores se han encontrado con obras ejecutadas antes de salir a contratación, como las acometidas en la Avenida de Castelao, pero sobre todo ponen el acento en las seis ampliaciones realizadas al contrato de mantenimiento de zonas verdes del Concello de Vigo desde el año 2005. Todas, aducen, adolecen de falta de motivación clara pero la última -resaltan-, surge apenas unos meses antes de la finalización del contrato por lo que consideran que debía haberse convocado una nueva licitación. Atribuyen además un posible arreglo político comercial de Cespa con el edil Ángel Rivas para "compensar" amortizaciones que el Interventor del Concello decidió no entregar a la concesionaria de zonas verdes con una ampliación del contrato para el año 2013.

Si en las escuchas telefónicas figuran numerosas conversaciones del edil que al parecer imponía las contrataciones a realizar por Cespa, en el despacho de Rivas los agentes encontraron durante el registro un listado de trabajadores en varios colores, uno de los cuales correspondería a los "enchufadas" del edil. Todos son contratados por primera vez por la concesionaria con Ángel Rivas ya en el Concello.

También hay evidencias, según la UDEF de que Cespa SA pagó eventos festivos como conciertos en lo que se intuye "prebendas" en favor de terceros para el agradecimiento de favores. Pero no solo Ángel Rivas está en el punto de mira los investigadores que observan "una continua cadena de favores que mantienen los concejales David Regades y Ángel Rivas" con distintas personas.

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