Levantado el secreto de sumario de la Operación Patos

Operación Patos: La Policía ve "ilegales" los contratos de la Diputación de Louzán para 4 campos de fútbol

La UDEF considera "acreditadas las influencias" de Eiriña "sobre funcionarios y el entonces presidente" para conseguir las obras - El dueño de la empresa presumía de "ponerle las pilas" al dirigente popular

17.09.2015 | 10:54
Vista del campo de fútbol de Moraña // G. Santos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (Udef) considera "ilegales" cuatro contratos adjudicados por la Diputación de Pontevedra a la empresa Eiriña para dos campos de fútbol en Coia y Coruxo (Vigo) y dos en Moraña, cuatro contratos que superan los tres millones millones de euros. La UDEF considera "acreditadas las influencias ejercidas sobre funcionarios y el presidente de la Diputación", Rafael Louzán, en aquel momento, para conseguir los cuatro contratos. En pinchazos telefónicos, el dueño de Eiriña, Enrique Alonso Pais se jacta de "ponerle las pilas" a Louzán y de exigirle que le "tiene que dar obras con las que ganar dinero".

No son las únicas obras en el punto de mira en el sumario de la Operación Patos. La Policía investiga otros contratos de la Diputación, en los que observa irregularidades, y siempre adjudicados a la misma empresa, la dirigida por Enrique Alonso Pais. Así en la construcción de aceras y dotación de servicios en la vía provincial E.P. 9402 de Mosterio-Barrantes (Meis), la UDEF concluye que Eiriña no se esperaba la adjudicación, pero se "constata la petición de favores, tanto por parte del presidente de la Diputación como por parte de su jefe de gabinete, para que Eiriña subcontrate ciertas partidas, una de iluminación y otra de hormigón, a empresas vinculadas políticamente o por amistad con las anteriores".

Uno de los contratos más importantes puesto en duda por la investigación en el marco de la Operación Patos es el del campo de fútbol y vestuarios de Coia (Vigo), una obra que rondó el millón de euros. "Es del todo punto ilegal" y debería haberse "suspendido" por omitir trámites esenciales a la hora de conceder la subvención por medio de la cual se materializan las obras, defiende la UDEF, que además sostiene que conversaciones telefónicas pinchadas demuestran que se "hicieron cambalaches" para "lograr el resultado pretendido". Para los investigadores, está demostrada "la comunidad de interés surgida entre Enrique Alonso Pais, Rafael Louzán y el vicepresidente" entonces de la Diputación, José Manuel Figueroa. Remarcan que están "claros los ilícitos tratos", antes de resolver la adjudicación y citan una reunión "secreta" de Pais, Figueroa y María José Bravo Bosch, delegada de la Xunta en Vigo, en un hotel de la ciudad olívica. De las llamadas intervenidas, saben que Bravo Bosch consideraba a Pais un hombre del partido.

De las obras para la grada y cubierta en el campo de fútbol de Fragoselo-Coruxo, por 236.000 euros, los investigadores también concluyen que es "del todo punto ilegal y no se debería haber llevado a cabo". De "las múltiples irregularidades" cita que se aprobó un modificado cuando no estaba permitido por los pliegos de contratación y se incumple el plazo de ejecución del contrato, y lo más importante que las tres ofertas que optaron al concurso se "presentaron en connivencia".

En Moraña, la Diputación adjudicó a Eiriña la construcción de un campo de fútbol y un edificio anexo por un millón de euros. "La adjudicación no se debió llevar a efecto" porque incumplía la Ley de subvenciones y los pinchazos telefónicos demuestran "las infuencias sobre funcionarios y Louzán" para evitar las pérdidas a las que se enfrentaba la empresa en la fase final de las obras, entre otras razones, por la subida del IVA. Así se ideó, siempre según la investigación, "una nueva licitación de todo punto ilegal y delictiva" que sería la mejora en vestuarios y graderío en el campo de fútbol de O Buelo, también en Moraña, por más de 86.200 euros.

"Es patente el concierto ilícito entre el sector público y el privado", mantienen los investigadores al examinar este contrato, en el que apuntan a "cierto tráfico de influencias" para "fingir una contratación legal".

La UDEF también analizó las obras de saneamiento y abastecimiento de Nigrán, un contrato por 154.000 euros que se llevó Eiriña. Cuestiona que el técnico del órgano de contratación no justificase motivadamente la adjudicación y expone las "fuertes influencias" de la empresa sobre José Álvarez Valverde, el edil de Obras en Nigrán, el único político imputado en esta fase de la operación, y Rafael Louzán.

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