Las entidades sociales advierten a la Xunta que el inicio de la recuperación económica todavía no ha llegado a los colectivos más pobres y que es preciso acortar los plazos para conceder el Risga y las ayudas de inclusión social. Estas organizaciones censuran que se tarde de media siete meses en tramitar estas prestaciones y aclaran que, aunque la Consellería de Traballo defiende que durante este año ya están agilizando la tramitación, todavía no han notado avances en este sentido.
Detrás de estos retrasos está, según el director de la Rede Galega contra a Pobreza, Xosé Cuns, la "descoordinación" que existe entre administraciones -concellos y Xunta- y la burocracia. Esta plataforma, que aglutina a 126 ONGs, explica que uno de los problemas es la "indefinición legal" que existe. La Lei de Inclusión Social que entró en vigor el pasado año necesita ser desarrollada mediante un reglamento que todavía no se ha aprobado. "Tanto la conselleira Beatriz Mato como el presidente Alberto Núñez Feijóo se comprometieron a que estaría listo este año y a que se acortarían los plazos", explica Cuns.
En todo caso, el director de la Rede Galega contra a Pobreza advierte que los retrasos no son solo responsabilidad de la Xunta sino también de los concellos que son los que tramitan las solicitudes antes de enviarlas a la Administración autonómica.
Desde Cáritas lamentan que una ayuda "tan fundamental" para algunas personas se retrase de media siete meses. "Es un proceso lento, parece que a veces lo quieren dilatar a propósito", lamenta Miguel Fernández. Según explica, el problema es que "falta personal" y además la tramitación es "engorrosa". Por eso aboga por simplificar los trámites y pide que en caso de que se supere el plazo de dos meses fijado por ley para responder a la solicitud se otorgue automáticamente la ayuda. "Es decir, que el silencio administrativo se entienda como positivo", aclara.
El presidente del Banco de Alimentos de Pontevedra, Pedro Pereira, coincide en que se tarda "demasiado" en conceder estas ayudas e insta a Traballo a "agilizar "su concesión porque "es un tema de supervivencia".
Pero los retrasos no son la única pega que estas entidades sociales ponen a las ayudas de la Risga. Estos colectivos coinciden en que hay un porcentaje muy alto de ayudas denegadas y que cubren un porcentaje muy pequeño de los gallegos que están en situación de pobreza y exclusión social. Según el balance de la Consellería de Traballo, el 34% de las peticiones se rechazan. "Hace años el porcentaje de solicitudes desestimadas era prácticamente nulo", advierte Miguel Fernández, de Cáritas.
Las entidades de ayuda social explican que, por ejemplo, poseer un coche de segunda mano o heredar una finca rústica ya son motivos para denegar la ayuda cuanto estas propiedades tampoco garantizan el sustento de las personas en situación de exclusión social. "Si por ejemplo, por no tener ingresos te ves obligado a irte a vivir con un familiar y hay otra ayuda o ingreso en el hogar ya no puedes ser beneficiario", se queja Xosé Cuns.
Las ONGs advierten además que todavía no notan una reducción de la pobreza. "En lo que va de año el banco de alimentos repartimos al mes casi el doble de kilos que los que dábamos el año pasado", advierte Pedro Pereira. Desde la Rede Galega contra a Pobreza puntualizan que sí hubo una ligera disminución de las personas en riesgo de exclusión pero que aumentó el porcentaje de gallegos con pobreza severa, sobre todo entre jóvenes y niños.
