Rechazada una proposición para cambiar la ley de servicios de 2008

El PP alega "dudas" legales y rechaza la proposición del PSOE para priorizar a entidades del tercer sector

15.09.2015 | 12:00

El PP ha rechazado con sus votos en contra la toma en consideración de una proposición de ley del PSdeG con la que pretendía que se modificase la norma relativa a los servicios públicos aprobada en 2008, de modo que las entidades del tercer sector tuviesen "prioridad" sobre las de carácter mercantil en la prestación de los mismos.


En el arranque del primer pleno del nuevo periodo de sesiones del Parlamento de Galicia, los grupos de la oposición --PSOE, AGE, BNG y mixto-- han coincidido en criticar que las empresas "especulen con las necesidades" de los más desfavorecidos, por lo que han dado su apoyo a la toma en consideración de la iniciativa, que ha defendido la socialista Carmen Gallego.


Sin embargo, el posicionamiento contrario del grupo mayoritario, que ha argumentado su postura en las "dudas" legales que le genera si el concierto social "puede ser una modalidad de contrato en el sector público", ha impedido que el texto comenzase su tramitación en la Cámara.


Con todo, la diputada popular Marta Rodríguez Arias ha asegurado que su grupo comparte la necesidad de priorizar a las entidades sociales sobre las mercantiles y por ello se ha comprometido "a redactar una nueva propuesta con las máximas garantías jurídicas después de sentarse con las entidades del tercer sector", con el objetivo de alcanzar un "consenso".


CRÍTICA A LA AUSENCIA DE FEIJÓO
En su primera intervención para exponer la propuesta, Gallego ha lamentado la ausencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el hemiciclo, a lo que Rodríguez Arias le ha replicado que está "firmando un convenio" con el director de la FAO "para impulsar iniciativas" relacionadas con el impulso a los países "menos desarrollados", y ha apuntado a la presencia de la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato.


Por su parte, la socialista ha destacado que su voluntad era que, "en ausencia de la posibilidad de atender a la totalidad de las personas que demandan" servicios sociales, "se debe buscar la complementariedad, y deben ser ejercidas con las entidades del tercer sector, y no con las empresas privadas".


Ya en el turno de réplica, la diputada del PSdeG ha dicho a los populares que "tendrán que explicar por qué" el PP de Asturias "puede aprobar" este texto y en la comunidad gallega "no se puede", algo que ha vinculado con la intención del Gobierno de Núñez Feijóo de "privatizar" al adjudicar a empresas la "externalización" de servicios.


"Hablamos de derechos para las personas y queremos que se presten desde lo público. Pero, cuando no se pueda, queremos que se haga con las entidades del tercer sector", ha incidido.


"DE SERVICIOS A DERECHOS SOCIALES"
Sobre este extremo ha mostrado sus discrepancias el parlamentario de Alternativa Juan Fajardo, quien ha avisado de que su grupo defiende que "la única solidaridad" es aquella que se articula "a través de impuestos justos que permiten presupuestos que den capacidad a unos servicios sociales universales que lleguen a todos".


En este sentido, ha abogado por el "cambio de modelo", pero sin poner en riesgo de "zozobra" a los servicios sociales. Al contrario, ha apostado por pasar de un modelo "de servicios sociales" a otro "de derechos sociales, de forma que cualquier vecino residente en este país tenga claro que sus necesidades serán atendidas".


Por este motivo, Fajardo ha condicionado el apoyo a la toma en consideración de esta propuesta de ley a su pretensión de "mejorarla" durante un eventual debate, con la introducción de "mecanismos que garanticen el carácter absolutamente altruista de estas organizaciones y barreras suficientes para evitar el mercantilismo, la especulación y que las personas usuarias de servicios sociales" sean utilizadas "como mercancía".


"NO ESTÁN DE ACUERDO"
Tras estas palabras, la diputada del PP Marta Rodríguez Arias ha evidenciado que la ley de 2008 de servicios sociales es una norma "de izquierdas, aprobada por un gobierno de izquierdas, que aplicó un gobierno del PP" y que "ahora esos propios grupos que elaboraron y aprobaron la ley quieren modificar". "Y acabamos de comprobar que no están de acuerdo ni siquiera en cómo hay que modificarla", ha ironizado.


Así, ha invitado a la oposición a "ponerse de acuerdo", ya que cambiar esta ley de "suficiente envergadura" requiere "llegar a un entendimiento lo más amplio posible". Y en opinión del PPdeG, "hay que priorizar las entidades sociales, pero hay que hacerlo con las máximas garantías jurídicas".


"HUECOS QUE DEJÓ EL ESTADO DE BIENESTAR"
Por parte del Bloque, Carme Adán ha reivindicado la labor de las entidades del tercer sector, por estar "dando cobertura a esos huecos que dejó el estado de bienestar". Con todo, también ha alertado sobre las cautelas precisas ante "entidades que estén camuflando empresas".


Por último, la miembro del grupo mixto Consuelo Martínez ha recriminado la contratación de servicios con empresas privadas a las que ha afeado una actuación "con absoluta opacidad", y ha achacado a la Xunta que "nunca le importó la clase trabajadora" a estos efectos.

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