"La estadística relativa a la evolución de los procedimientos penales constata la existencia de serias deficiencias en la fase de entrada de nuestro sistema penal, que comportan una ineficiente gestión del mismo". Esta es una de las conclusiones del informe de la Fiscalía de Galicia correspondiente al año 2014 en relación al alto número de causas judiciales que están condenadas al fracaso de antemano porque son denuncias de delitos sin autor conocido pero que igualmente consumen recursos judiciales. Por ello, la Fiscalía sostiene que estos procedimientos, que el pasado año fueron nada menos que 79.258, "colapsan innecesariamente los órganos judiciales al tener que someterlos a la realización de trámites sin futuro (registro-incoación, visto fiscal y archivo provisional)".
De todos los procesos penales que se finalizan de forma anticipada en la misma fase inicial de la instrucción, la mayor parte se corresponde con delitos incoados contra el patrimonio y el orden socio-económico "que luego desaparecen en la fase de la calificación fiscal". Es decir, alguien presenta la denuncia y se inicia la maquinaria judicial que tiene que cerrarse antes de tiempo por la imposibilidad de seguir investigando o identificar a algún sospechoso. El pasado año fueron casi 80.000 los casos que siguieron esta dinámica. De ahí que la Fiscalía recurre incluso al término "volatilizados" para referirse a ellos.
"Esa evaporización de delitos entre la incoación y la calificación fiscal es un hecho demostrado y, muy probablemente, encuentre explicación en que en muchos casos, los delitos patrimoniales, sobre todo sustracciones violentas o no violentas, es decir hurtos y robos, son casi inmediatamente sobreseídos provisionalmente, previo visto fiscal, con el consiguiente archivo, por falta de autor conocido", se recoge en la memoria.
La Fiscalía llama por ello la atención sobre elevado número de atestados y denuncias que ingresan en los órganos judiciales sin que conste autor conocido. Y para precisar el alcance de esta anomalía, señala que los 79.258 procedimientos que se ajustaron a esa circunstancia suponen nada menos que el 35% de la cifra global de procedimientos tramitados (224.585) y el 44% del volumen de denuncias incoadas (179.597).
"Esta forma proceder supone una deficiente gestión del sistema penal que colapsa innecesariamente los órganos judiciales al someterlos a la realización de trámites sin futuro. La adopción de medidas adecuadas para hacer más ágil y eficiente el sistema permitiría liberar una importante cantidad de recursos humanos y materiales que podrían dedicarse a otras actividades, como los delitos complejos o la ejecución de sentencias", se plasma en la memoria correspondiente al pasado año.
La solución, según sostiene la Fiscalía de Galicia, estaría en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la Justicia Penal que prepara el Gobierno central y que tiene intención de aprobarla antes de las elecciones generales, aunque los plazos parecen muy apretados.
Esta modificación eliminaría precisamente el actual régimen de remisión preceptiva de los atestados policiales sin autor conocido a los juzgados y al Ministerio Fiscal y establecería un nuevo sistema, de forma que los atestados sean conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales, salvo que sigan practicándose diligencias policiales después de transcurridas 72 horas o que se trate de delitos contra la vida la integridad física o indemnidad sexual.
En la memoria de la Fiscalía también se destaca que de los 224.585 procedimientos penales tramitados el pasado año, solo terminaron en sentencia13.797 procedimientos penales, lo que supone una "exigua cifra". Supone un porcentaje de solo el 6,14%.
Propuesta para instalar videocámaras en los montes para identificar a los incendiarios
- La memoria de la Fiscalía de Galicia recoge algunas propuestas de carácter tecnológico para intentar mejorar la actividad judicial. Una de ellas tiene que ver con la actividad incendiaria de los montes, dada la dificultad que conlleva reunir pruebas condenatorias.Por ello, se propone "un sistema de videovigilancia" que sirva para ayudar a la investigación criminal y para la plena identificación del autor de un incendio forestal. "Como es bien sabido, esta investigación criminal es extremadamente dificultosa, fundamentalmente a nivel de la obtención de la prueba de la autoría personal, pues este delito se comete en medio abierto, incluso de noche, para facilitar su impunidad", se recoge en la memoria.En esta línea recuerda que en Portugal hay una ley de 2005, luego ampliada en 2012, que permite la instalación de este sistema de vigilancia electrónica con vistas a su utilización a efectos de prueba procesal y que este modelo se podría exportar a la comunidad gallega."Por medio de esta tecnología pueden ser captadas imágenes de toda la extensión de una determinada área forestal, permitiendo una visualización rápida de un incendio incluso en fase inicial. Este sistema puede tener un radio de alcance de 20 kilómetros y debido a la alta resolución de sus equipamientos haría posible, incluso de noche, la identificación de los incendiarios", se argumenta.Otra propuesta tecnológica defendida por la Fiscalía de Galicia es la instalación de una especia de caja negra en los coches para ayudar a la investigación, ya que registraría todos los datos y permitiría averiguar las causas. Ahora solo se puede hacer por la posición final de los coches, marcas en la carretera y el relato, "poco fiable" de los testigos.
