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El gasto de las pensiones se disparará en quince años y supondrá el 47,5% de los sueldos

El Consejo de la Juventud alerta de que el sistema es "insostenible" y Galicia debe frenar la emigración - La comunidad perderá 1.700 millones vía impuestos en los próximos diez años por la diáspora

"El gasto público en pensiones en el largo plazo es insostenble. En Galicia podría implicar un impausible crecimiento desde el 33,8% hasta casi el 47,5% de las ganancias salariales entre 2014 y 2029", advierte el Consejo de la Juventud de España, en un monográfico de 73 páginas sobre la situación de los jóvenes en Galicia. Con este dato, este organismo dependiente del Gobierno central quiere concienciar a todos de la importancia de frenar "el particularmente elevado desempleo juvenil" de la comunidad, próximo al 50%, y la fuga de menores de 30 años al extranjero y a otras comunidades, una fuga que ya se concretó en 15.500 jóvenes durante la crisis y que en la próxima década puede superar las 39.000 salidas, según cálculos del Consejo de la Juventud.

No sólo está en juego el futuro de las nuevas generaciones, sino de Galicia. "La inversión en los jóvenes puede generar beneficios a largo plazo para toda la sociedad gallega", sostiene el informe presentado en Santiago, en una gira que bajo el lema Juventud Necesaria pretende reivindicar la importancia del colectivo. Por si no quedase claro, insiste en que "subestimar los problemas que afectan a la juventud gallega puede comportar consecuencias para toda la sociedad en su conjunto.

Solo con lograr disminuir el empleo juvenil un 50% "la carga de las pensiones sobre los salarios" se reduciría 2,7 puntos porcentuales y en 2020 sería del 44,7% sobre los ingresos totales de los trabajadores. Aunque la reducción pueda parecer "modesta", el Consejo de la Juventud razona que sería "una mejora en términos de carga económica de las pensiones".

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En opinión del Consejo de la Juventud, la situación se agrava en Galicia al ser una autonomía envejecida. Si en 1998, el 23% de los gallegos tenían entre 15 y 29 años, ahora sólo representan el 13,7% del censo. Menos jóvenes en edad de trabajar y de procrear, y más mayores con derecho a pensión es la ecuación perfecta para concluir que "el caso gallego es particularmente grave respecto del conjunto del Estado español".

Por si estas cifras pudieran no parecer suficientes, el Consejo de la Juventud expone que "la mayoría de los municipios gallegos", sobre todo los de Lugo y Ourense, se encuentran entre los que tienen un mejor porcentaje de jóvenes del Estado español.

"Reducir la precariedad laboral, agilizar el acceso de los jóvenes a la vivienda e incrementar la inversión en educación" son recetas del Consejo de la Juventud para combatir la emigración de jóvenes. Sostienen que 23.000 menores de 30 años podrían dejar de hacer las maletas si se tornasen las políticas y aumentase la creación de empleo, y así tuviesen más oportunidades de tener un futuro estable en su tierra.

Para dejar constancia del impacto que supone la emigración de los jóvenes, el Consejo de la Juventud también pone cifras al coste que supone dejar que los jóvenes se labren un porvenir fuera de la comunidad. Se echan a perder, según los cáculos del informe, 3.748 millones de euros invertidos en la formación de los casi 40.000 jóvenes que pueden emigrar entre este año y 2025, de mantenerse las condiciones económicas. Supondría el 6,9% del PIB gallego. Llegan a este resultado bajo la premisa de que los años medios de formación son 12 y que el coste del año escolar supone 6.050 euros.

Pero es que además Galicia dejaría de recaudar 1.713 millones vía impuestos al no trabajar estos jóvenes en Galicia. Supondría el 3,1% del PIB y 25,9 millones al año. En conclusión, la emigración juvenil costaría a Galicia en diez años más de 5.400 millones de euros.

Aunque el Consejo de la Juventud dibuja un futuro negro si la comunidad no reconduce su situación, lo cierto es que cuando compara con otras autonomías, hay cuestiones en las que Galicia no sale tan mal parada. Así el porcentaje de población gallega en condiciones de pobreza es sistemáticamente inferior al porcentaje medio del resto del Estado y la inversión en educación es superior también al promedio estatal.

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