PSOE y BNG se han rebelado contra la nueva Axencia de Servicios Sociais, que sustituye al Consorcio Galego de Benestar, porque, según denuncian, aumenta las cantidades que tienen que pagar los concellos para mantener los servicios y además la Xunta les somete a un "chantaje" al advertirles que les reducirán la mitad de la deuda que mantienen con la Administración si se adhieren al nuevo organismo. El gerente del Consorcio de Servicios da Igualdade e do Benestar, Roberto Rodríguez, niega que los ayuntamientos tengan que pagar más.

La Axencia sustituye al Consorcio, ente integrado por Xunta y concellos que fue creado para la gestión conjunta de servicios como guarderías o centros de día. Al crearse el nuevo organismo se modificaron también las condiciones económicas de participación de los ayuntamientos. Según explica el Gobierno gallego, se pasa de una aportación del 30 por ciento del coste general a una cuantía por plaza ocupada -por vecinos del propio municipio, no de otros- en la escuela infantil o centro de día de 1.500 y 3.690 euros respectivamente.

El gerente del Consorcio de Benestar advirtió además que se "protege" a los municipios para que no paguen más que un tercio del coste total. Según defiende, este nuevo modelo de financiación se ha hablado con los concellos. Once ya firmaron el convenio y medio centenar pidió más documentación antes de los comicios de mayo y ahora se ha retomado la "interlocución".

Según denunció ayer la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Carmen Gallego, en agosto la Xunta empezó a enviarles cargas a los ayuntamientos para que se adhieran a la Axencia de Servicios Sociais a cambio de reducirles la deuda que mantenían con el Consorcio. Y, según denuncian, a algunos municipios le están llegando cuantías que llegan a los 600.000 euros. Los concellos socialistas está recurriendo las liquidaciones que les envían desde la Xunta y advirtió que si no obtienen una respuesta favorable del Ejecutivo gallego estudiarán "medidas legales".

Los ayuntamientos del BNG, por su parte, ya advirtieron que no piensan firmar los convenios con la nueva Axencia de Servicios Sociais. El Bloque pide renegociar las condiciones "impuestas unilateralmente" desde la Consellería de Traballo.

Según sus cálculos, el nuevo sistema de reparto de costes puede significar para algunas corporaciones locales "un 20 por ciento más" de lo que pagaban en la actualidad. Así lo denunció ayer el portavoz del BNG, Xavier Vence, acompañado de varios regidores como el de San Sadurniño o Moaña.