La investigación de la Agencia Tributaria por un supuesto caso de fraude en la organización de cursos subvencionados por la Xunta, con la empresa lalinense Prosem como supuesta principal implicada, cobra ahora una nueva dimensión. La titular del Juzgado Número 1 de Lalín remitió al Gobierno gallego un oficio en el que le otorga un plazo de un mes -el escrito llegó a la Xunta el pasado 21 de agosto- para que le aporte la relación de empresas de toda Galicia que recibieron fondos públicos para organizar seminarios formativos durante el año 2010, aunque solo aquellos dirigidos a personas ocupadas.
La juez reclama a la Xunta la relación de sociedades y cursos de cinco años atrás y la investigación que lleva ahora la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín parte de las indagaciones a Prosem en las que se analizaba la declaración del IVA precisamente del año 2010. Entonces saltó la primera alarma, al verificarse que algunos de los cursos concedidos supuestamente ni siquiera se habrían celebrado. Para despejar las dudas sobre este posible fraude en la organización de cursos, que por ahora solo salpicaría a Prosem, la juez conmina a la Xunta a aportar en un mes la relación de empresas promotoras, tipo de cursos ofertados, importes concedidos y que se indique si las subvenciones se otorgaron con dinero de la administración autonómica o también mediante fondos comunitarios.
La institución trabaja ya para facilitar al juzgado lalinense el expediente, requerido "en un solo acto" sobre los centenares de cursos que fueron autorizados a empresas como Prosem y a la propia consultora gestionada por los hermanos José Antonio y Carlos L.A. Fuentes de la Xunta reconocen que esta petición requiere de la coordinación de varios departamentos, que ya están siendo tutelados por la asesoría jurídica de la Vicepresidencia del Gobierno gallego. "Es mucha la información que hay que recabar, pero estamos dispuestos a colaborar, como siempre, con lo que nos sea solicitado por parte del juzgado de Lalín", apuntan desde la Administración autonómica.
El juzgado también solicita a la Xunta información acerca de los controles realizados en la celebración de estos cursos formativos, siempre ciñéndose a actividades orientadas a trabajadores en activo y en ningún caso a desempleados. Este control se efectuaría mediante una certificación del departamento general de Intervención de la administración autonómica, perteneciente a la Consellería de Facenda, en el que se especifiquen las facturas emitidas y el camino tomado por los fondos públicos desde que fueron autorizados a a las empresas "de las cuatro provincias gallegas" para la organización de los cursos, su convocatoria y justificación de la celebración en los términos establecidos en cada convocatoria. Así las cosas, para la penúltima semana del presente mes las consellerías a las que la jueza reclamó esta documentación deberán dar traslado de la misma al Juzgado de Instrucción Número 1 de Lalín que instruye el caso de Prosem.
Antes de que la titular de esta sala de los juzgados de la capital dezana ordenase a la Xunta el listado de empresas beneficiarias de cursos de formación durante 2010 en Galicia, la Fiscalía Provincial de Pontevedra ya había contactado con la Consellería de Traballo para reclamarle "documentación" meses atrás. Todo salió a la luz pública cuando el 24 de agosto agentes de la Policía Judicial entraban en las oficinas de la consultora lalinense para realizar un registro.
