El primer año de la nueva PAC, con la que la Unión Europea se proponía poner coto a los llamados agricultores de sofá, apenas ha variado el número de solicitudes en Galicia. Un total de 35.832 agricultores y ganaderos de la comunidad formalizaron su petición par acceder a las subvenciones europeas, apenas un 2% menos que en 2014. Desde la Consellería de Medio Rural atribuyen este leve descenso a la fusión de explotaciones y a las jubilaciones en el rural. Para los sindicatos agrarios, la disminución no responde a la realidad en el campo gallego. Al menos la mitad de los beneficiarios de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) no viven de la agricultura o la ganadería, según advierten los sindicatos agrarios. Las cifras hablan por sí solas: una cuarta parte de los perceptores de las ayudas directas en Galicia son jubilados y pensionistas y un porcentaje similar de los que cobrarán las subvenciones no se dedican de manera profesional a la actividad agraria o ganadera.

El plazo para solicitar estas ayudas para la campaña 2015 finalizó el pasado mes de junio. Los anticipos empezarán a cobrarse en octubre e incluso en cantidades por encima del 50% previsto en la actualidad, ya que el frente común impulsado por España junto con Portugal, Italia y Francia para atajar la crisis del sector lácteo así lo propondrá en el Consejo de Ministerio de la UE convocado para el próximo lunes día 7.

Las nuevas condiciones impuestas en la reforma de la PAC para el cobro de estas subvenciones europeas destinadas a programas agrícolas, alimentarios y de desarrollo rural, y que precisamente trataba de perseguir la llamada agricultura de sofá y definir la figura del agricultor activo, finalmente ha resultado un "fracaso", según advierte el secretario xeral de Unións Agrarias (UUAA), Roberto García. Y es que, según destaca, el supuesto endurecimiento de las cláusulas para optar a estas ayudas ha sacado de la PAC a poco más de 700 agricultores y ganaderos en la comunidad. García atribuye este mínimo descenso a la agrupación de explotaciones y no a la restricción de la entrada a aquellos cuya renta no proceda del campo en al menos un 20% de sus ingresos, requisito que se articuló como necesario para optar a las ayudas europeas.

Los ganaderos y agricultores gallegos denuncian que ese planteamiento inicial que fijaba en el 20% el mínimo de renta a percibir por el trabajo en explotaciones agrícolas y ganaderas para cobrar estas ayudas se acabó diluyendo en la redacción de los reales decretos y al final ya ni es necesario acreditarlo para poder beneficiarse de estas subvenciones. El número de beneficiarios que se dedican de manera profesional al rural caería al menos a la mitad, según estimaciones de Unións Agrarias, y la ayuda se multiplicaría. Cada perceptor el año pasado en la comunidad gallega percibió una media de 4.200 euros, según la memoria de actividades del Fondo Gallego de Garantía Agraria (Fogga) del año 2014.

Las provincias de A Coruña y Lugo son las que concentran el mayor número de solicitudes de la PAC, 12.197 y 14.538, respectivamente, según datos de la Consellería de Medio Rural. En ambos casos se registró un descenso respecto a las peticiones del año pasado: casi 600 en el caso de los agricultores coruñeses (-4,5%) y más de 230 en las explotaciones lucenses (-1,7%). Con mucha menor demanda están los agricultores y ganaderos de Ourense y Pontevedra, con la tercera parte de solicitudes que las otras dos provincias gallegas: 4.604 para el rural en Ourense y 4.493 para el campo en Pontevedra. Solo en este último caso se producido un aumento de las peticiones respecto al año anterior, con más de un centenar que en 2014 (4.493 este año frente a las 4.381 del ejercicio pasado). Mientras, la demanda en Ourense se mantuvo en el mismo nivel que en 2014: 4.604 peticiones frente a las 4.625 del año pasado.