El drama de los desahucios, que ha provocado incluso la intervención activa del Gobierno autonómico a través de convenios con la banca y con un bono de alquiler social para los alquileres impagados con el fin de evitar los desalojos, es un precipicio al que mes tras mes siguen asomándose en torno a un centenar de familias gallegas, aunque este año los datos permiten constatar que esta amenaza es menos frecuente que en el pasado.

Los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos al número de procedimientos de ejecuciones hipotecarias (procesos a través de los que se ordena la venta de un inmueble gravado con hipoteca por no cumplir con el pago) iniciados en la comunidad entre abril y junio de este año revelan un descenso de un 31% de los procesos relacionados específicamente con viviendas con respecto al primer trimestre de 2015 y de un 34% con respecto al mismo período del año pasado. No obstante, engrosan todavía la estadística un total de 307 viviendas, prácticamente la mitad de las fincas afectadas por estos procedimientos (que incluyen también solares urbanos, fincas rústicas y otros inmuebles), que no necesariamente tienen que acabar, subrayan desde el INE, en desahucio.

En comparación con el resto del Estado, Galicia se situaría en el séptimo lugar por la cola en los embargos relativos a viviendas, muy lejos de comunidades como Andalucía, que lidera, con un recuento de 4.676 viviendas afectadas, un alista que abarca un total de 17.223 en todo el Estado..

De esas 307 viviendas, un total de 199 tienen como propietarios a personas físicas, mientras que el resto (108) pertenecen a personas jurídicas (empresas). Los propietarios con nombre y apellidos bajo amenaza de embargo cayeron un 20% desde el año pasado y un 9,1% en relación al primer trimestre.

Aunque las cifras siguen siendo elevadas para quienes las padecen, la evolución a la baja se nota también si se analizan los datos acumulados a lo largo de los seis primeros meses de este año. Así, y a pesar de que se iniciaron al día una media de cuatro procedimientos de embargo por impago de la hipoteca a propietarios de viviendas (752 de enero a junio, ambos incluidos), esa cifra es un 17% inferior a los 909 que se contabilizaban durante ese mismo período en 2014.

Las ejecuciones hipotecarias iniciadas durante los primeros seis meses de este año afectaron en total (incluyendo viviendas, fincas rústicas, solares y otras) a 1.529 propiedades inmobiliarias, un diez por ciento menos que en el año pasado. Solo se incrementaron los procesos relativos a la categoría de solares urbanos, que se elevaron un 6,6 por ciento pero la cifra es modesta: de 45 se pasó a 48.