El Tribunal de Cuentas, en su informe global sobre el sector público autonómico aprobado ayer, censura la proliferación de entes instrumentales por parte de las comunidades autónomas como recurso generalizado de "huida del derecho administrativo" para los procesos de contratación, por la discrecionalidad en las políticas de personal y por la relajación en los controles económicos. Entre estos entes figuran las fundaciones públicas y el órgano fiscalizador estatal no deja bien paradas las participadas por la Xunta. Cuestiona su funcionamiento como tales por depender en exceso de los presupuestos públicos y no ser capaces de captar fondos privados para desarrollar actividades de interés general, como en principio debería ser.
"Las fundaciones muestran un grado de dependencia financiera de la Administración autonómica del 84%, lo que indica una escasa capacidad de captación de recursos externos. Este hecho pone en tela de juicio la configuración como fundación pública de estas entidades, ya que la fundación debería ser empleada como un modelo que permita canalizar la participación y la financiación privada en actividades de interés general", sostiene el Tribunal de Cuentas en relación a las fundaciones participadas por la Xunta.
El informe aprobado ayer por el pleno del órgano fiscalizar se refiere al año 2012. Ese ejercicio, la comunidad tenía 42 fundaciones, si bien el Tribunal de Cuentas solo recibió información de los balances financieros de 16 de ellas con un presupuesto global de 138,7 millones de euros. En 2015, según el inventario realizado por el Ministerio de Hacienda, el número de fundaciones públicas de la comunidad gallega asciende a 35.
Casi un tercio del presupuesto se destinó a gastos de personal, concretamente 37,8 millones de euros para pagar las nóminas de un millar de trabajadores. Como entes con mayor volumen presupuestario y de plantilla figuran Urxencias Sanitarias de Galicia 061 y Transfusiones de Galicia, pero además están, entre otras, el Centro de Supercomputación, Galicia-Europa, Instituto Galego de Medicina Xenómica, Centro Galego de Artesanía e Deseño o Semana Verde de Galicia.
Según el informe del Tribunal de Cuentas, solo en una comunidad, en Canarias, las fundaciones públicas tienen una mayor dependencia de los presupuestos que en la gallega. En el caso de las islas, asciende al 91%. En Aragón baja al 71% y en Asturias, al 70%.
Pero Cuentas solo reprocha expresamente, junto con Galicia, el funcionamiento de las fundaciones en Aragón: "La dependencia mayoritaria y en algunos casos exclusiva de subvenciones y transferencias principalmente públicas quiebra la esencia de esta figura jurídica constituida con la finalidad de obtener ingresos para la consecución de su fines de interés general a favor de un colectivo genérico de beneficiarios".
Con carácter general, el Tribunal de Cuentas sostiene que las comunidades han apostado por la creación de los entes instrumentales para poder obrar con mayor discrecionalidad, sin someter su funcionamiento a los controles más rigurosos que se aplican a la administración general. De ahí también que en unas autonomías exista una regulación explícita mientras que en otras reina la ausencia absoluta de normas específicas y que además no exista homogeneidad para elaborar los presupuestos o para rendir cuentas.
Esto lleva a que en 2012, de las 345 fundaciones existentes, solo 262 presentaran sus balances financieros para poder ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas o los órganos de control autonómicos.
