Un precio mínimo de 34 céntimos por la venta de cada litro de leche igual que cobran los ganaderos franceses. Esa era la petición con la que los productores gallegos acudieron ayer a la reunión con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y ante la que no estaban dispuestos a ceder. En la última reunión con el sector, hace diez días en Santiago, representantes del Gobierno central cuestionaron la legalidad del modelo galo, por lo que encargó un informe al Tribunal de Defensa de la Competencia para determinar si se ajustaba la normativa comunitaria. La respuesta la desveló ayer la propia ministra en el encuentro intersectorial en Madrid: el Ejecutivo no intervendrá en los precios que perciben los ganaderos por cada litro de leche que sale de sus explotaciones, que en el caso de Galicia son los más bajos de toda España y también de los de Europa, solo por detrás de Lituania y Polonia.

El departamento que dirige Tejerina dejó la resolución del conflicto de la mayor crisis del sector en Galicia en manos de las tres partes de la cadena alimentaria. El acuerdo sobre el precio mínimo del litro de leche, según transmitió Agricultura ayer, deben alcanzarlo distribución, industria y productores. Los ganaderos gallegos denuncian "contratos fraudulentos" que abocarán al cierre a 2.500 granjas, más del 30% del total de las que hay en la comunidad.

Pero el Gobierno central no dejó solo en manos del propio sector la resolución de la crisis, al que llamó a organizarse en cooperativas para frenar los bajos precios, sino que puso en el punto de mira la gestión de Ejecutivos autonómicos como la Xunta. "Es muy importante que las distintas autonomías, que son las competentes en materia de Agricultura, asuman un compromiso por su sector lácteo, especialmente aquellas que tienen más trabajo por hacer", sentenció Tejerina. De hecho, la ministra citó a Galicia y Cantabria como las comunidades con el precio más bajo, mientras que Andalucía presenta los más altos. Esto, expuso la ministra, está "directamente vinculado al grado de organización y de cooperativización del sector" y añadió: Las comunidades en las que los precios lácteos son más bajos "tienen que avanzar en la organización y la protección del sector si quieren generar resultados que se vayan aproximando a los de otras comunidades autónomas".

La titular de Agricultura remarcó que España tiene "una economía de libre mercado", en la que "los precios no se pueden acordar ni pactar", ya que "ni lo permite la legislación española ni la comunitaria". "No se pueden pactar precios, y esta es la respuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)", apuntó Tejerina. "Es legalmente imposible" y "va en contra del ordenamiento jurídico español y comunitario", remarcó.

  • La postura de Bruselas. Al mismo tiempo que se celebraba la reunión en Madrid, desde la Comisión Europea aclaraban que aunque existe "una volatilidad de precios" en el sector, descartan a priori la idea de introducir un precio mínimo para la leche. El portavoz de la CE, Enrico Brivio, afirmó que en el Consejo de Agricultura convocado de forma extraordinaria para el 7 de septiembre se discutirá la crisis del lácteo. Pese a que Bruselas no baraja por ahora garantizar una tarifa mínima como hace el Gobierno francés, del que matizó que no ha informado a la CE de las medidas aprobadas, sí que abre la puerta a "medidas adicionales" de apoyo. En este sentido, el portavoz comunitario anunció que continuará la vigilancia de toda la cadena de suministro alimentario porque "los ganaderos merecen recibir un precio justo por su producción".
  • Alternativas. El departamento que dirige Tejerina se limitó a presentar ayer un documento con 12 líneas a seguir por el sector, aunque desde los sindicatos señalan que se trata de medidas "voluntarias" y que tampoco se establecen sanciones para los incumplidores. Pero Agricultura les reclamó a los representantes del sector que asumiesen las propuestas como obligatorias. En función de las decisiones que se adopten en el consejo europeo del día 7 y las negociaciones que se produzcan entre las partes, el sector tendrá que comunicar si acepta el código o no el 10 de septiembre. Esta pauta establece que la distribución debe determinar el origen de la producción y garantizar que lo que le paga a la industria supera los costes. La publicación de las tarifas que paga la distribución es precisamente una de las reclamaciones de las organizaciones agrarias. A la industria, el ministerio que dirige García Tejerina le exige que garantice la recogida de la leche y que pague a los productores por encima de los costes. Y a los ganaderos les pide que monten organizaciones de productores con capacidad de negociar y que fomenten el asociacionismo en cooperativas. El Gobierno central también demanda la identificación del origen de la leche como Producto Lácteo Sostenible (PLS) para que no se utilice como producto reclamo.
  • Medidas urgentes. Tras la reunión, el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, concluyó que ayer se perdió una oportunidad y Galicia fue "la gran olvidada". De los 9.500 ganaderos con contrato con la industria, unos 2.500 perciben menos de 26 céntimos y de ellos, un millar cobran entre 18 y 22. Mientras, los productores arrastran meses con tarifas por debajo de costes y hay otros 250 que llevan tres meses sin cobrar por la difícil situación económica que atraviesan las industrias con las que tienen acuerdo. García denuncia que las medidas de Agricultura ofrecen soluciones a medio y largo plazo pero el lácteo gallego las necesita de "carácter urgente" porque los ganaderos "no pueden subsistir más con tarifas tan bajas". Desde Xóvenes Agricultores, su secretario xeral , Francisco Bello, avisó de que es prioritario implantar ayudas inmediatas para las explotaciones "al límite". "Lo que busca el sector no es un parche y queda mucho trabajo por delante", añadió. Para la responsable del Sindicato Labrego Galego (SLG), Isabel Vilalba, el documento del Ejecutivo central es "genérico" y no determina "resultados concretos" en cuanto al incremento del precio.
  • Movilizaciones. La media de cierres de granjas cada año en la comunidad ronda los 500 casos, pero de prolongarse la crisis actual estas 2.500 explotaciones, el 30% del total, correrían riesgo de desaparecer. Este ahogo a los productores, y como gota que colma el vaso la decisión de las industrias de dejar recoger la leche en algunas zonas, provocó la movilización del sector. A finales de junio comenzaron las protestas con una tractorada en Santiago, a las que sucedieron las de Santa Comba, Chantada, Arzúa y Lalín. Debido a la falta de soluciones para Galicia en el encuentro de ayer, los sindicatos seguirán con su calendario y se plantean reforzarlas o incluso adelantar la tractorada prevista en Compostela para septiembre.