El Catastro prevé que afloren más de 41.600 edificaciones y reformas sin declarar en los 26 concellos de la provincia de Pontevedra en los que está rastreando bienes inmuebles que eluden el pago del IBI. Es el 10% del censo de estos municipios. Cuando la Dirección General del Catastro lanzó a finales de 2013 su plan de inspección para aflorar construcciones de nueva planta, reformas o cambios de uso que no hayan sido declarados ya adelantó que "hasta el 10% de los inmuebles de cada municipios podrían estar afectados por una omisión". La previsión ya se cumplió en los ocho concellos de Pontevedra donde ya concluyó el plan de inspección. En A Cañiza, Arbo, Ponteareas, Pazos de Borbén, Campo Lameiro, Meis, Moraña y Ponte Caldelas, el Catastro detectó 8.000 edificaciones y reformas sin declarar, exactamente el 10,1% de los bienes del censo de estos municipios.
La cifra podría elevarse hasta casi 50.000 viviendas cuando se complete el plan de rastreo en los 26 concellos sometidos a revisión actualmente en la provincia de Pontevedra. En 19 ayuntamientos, el Catastro trabaja desde el año pasado y la inspección se completará a finales de este año. En otros siete consistorios acaban de empezar las pesquisas. En la ciudad de Vigo, en a Illa de Arousa, Agolada se pusieron a trabajar el 26 de junio y no prevén terminar hasta julio del año que viene.
En Redondela, Moaña, Vilaboa, y Vilanova de Arousa el plan de rastreo se activó el 31 de julio y hasta noviembre de 2016 no se contempla su fin. Solo en Vigo pueden ser 21.000 los bienes que afloren, y en Redondela pueden superar los 1.800. En Moaña, la cifra puede rondar los 1.500 y en Vilaboa los 250. En Vilanova de Arousa no llegaría a los 700 y en A Illa andaría sobre los 625 y en A Golada, sobre los 250.
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Cuando concluya el plan de rastreo en toda la provincia de Pontevedra, los bienes aflorados pueden ser más de 87.000 y en toda Galicia hasta 155.000. Los contribuyentes a los que se le detecten bienes sin declarar tendrán que pagar el IBI de los últimos cuatro años y una tasa de 60 euros. ¿Qué busca el Catastro, con la ayuda de empresas especializadas? El cierre de un balcón para ganar unos metros al salón, el techado de la terraza para habilitarlo como ático, obras en el jardín para hacer un garaje o la construcción de una piscina o galpón en la finca. Los propietarios que hayan cometido alguna de estas obras están en el punto de mira de la Dirección General del Catastro, que recurre a planos, cámaras fotográficas e imágenes aéreas para destapar viviendas y reformas no declaradas y que por tanto eluden el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
En la provincia de A Coruña son 54 los ayuntamientos objeto de control. La previsión es que la bolsa de fraude en los concellos coruñeses sometidos al proceso de regularización superará los 47.0000 bienes. La labor de inspección en estos concellos se prolongará hasta el próximo año; en algunos hasta verano y en otros hasta finales de noviembre.
Miles de gallegos ya se vieron sorprendidos el año pasado al recibir una notificación del Catastro informándoles de las obras no declaradas o las irregularidades urbanísticas en sus vivienda. La mayoría de las obras menores cometidas supone ganar metros de espacio construido y el registro catastral, por pequeña que sea, repercute en el valor de la misma y por tanto incrementa el recibo del IBI. Por cada regularización, el Ministerio de Hacienda cobra una tasa de 60 euros, pero lo principal es que los ayuntamientos podrán reclamar a los propietarios el correspondiente IBI de los últimos cuatro años junto con el recargo por esa superficie u obra nueva que antes no figuraba en la base de datos del Catastro. Con esta recaudación se potenciarán de nuevo este año los ingresos de los ayuntamientos a través del IVI, que de media suponen casi el 45% de los ingresos ordinarios.
Hacienda empieza la inspección por los concellos donde prevé mas bienes sin regularizar
- La lista de ayuntamientos no se elige al azar. Hacienda prioriza las inspecciones por la "rentabilidad esperada del procedimiento", según explica la Dirección General del Catastro sobre el plan especial de regularización de bienes. Es decir, se buscó de manera intencionada en primer término los municipios donde se considera que hay más inmuebles y reformas sin declarar para que, tras el proceso, puedan aportar a los concellos una mayor recaudación por el IBI.Por el momento, todavía no hay un previsión económica del impacto recaudatorio que tendrá esta regularización catastral inmobiliaria en el conjunto de las arcas municipales. De media por regularización, según detalla la revista de la Dirección General del Catastro, los ayuntamientos podrán ingresar entre 420 y 600 euros. Finalmente la cantidad a pagar dependerá del tipo de inmueble, ya que no es lo mismo incorporar al recibo del IBI el valor catastral de una vivienda que el de un trastero.Lo que sí tiene precio único son los 60 euros que Hacienda cobrará al titular de cada inmueble por su regularización para cubrir los gastos de los servicios realizados; desde la captura de fotos aéreas hasta comprobaciones sobre el terreno. El pago esta tasa por dar de alta las modificaciones evita a los propietarios una multa que podría alcanzar los 6.000 euros en las visitas que hace el Catastro de forma esporádica
