Echar un pitillo donde está prohibido puede costarle al infractor 30 euros, pero que un restaurante permita a algún cliente fumar en un reservado confiando en la discreción de unas cortinas puede suponerle a su propietario hasta 10.000 euros de multa. El efecto disuasorio de lo que cuesta infringir la ley puede haber incidido en que las sanciones por incumplir la normativa antitabaco se hayan reducido en Galicia durante el último año con respecto a 2013 un 22%, al pasar de las 931 multas a las 721, de las que el 40% (309) fueron por infracciones tipificadas como graves.
Pero en el hecho de que se haya reducido una cifra que hasta ahora, y a juzgar por los datos de 2012 y 2013, no hacía más que aumentar, también puede guardar relación, como muestran las estadísticas, a que la actividad de control, que desarrollan tanto la Xunta como las fuerzas de seguridad, se relajase un poco durante el último ejercicio.
Porque los datos difundidos en la Memoria de la Dirección Xeral de Innovación e Saúde Pública del pasado año muestran cómo el número total de inspecciones cayó un 30 por ciento, desde las 2.381 registradas en 2013 a las 1.651, sobre todo por la caída de la actividad fiscalizadora auspiciada desde la Consellería de Sanidade, que realizó 827 inspecciones de oficio, es decir, 560 menos que en el ejercicio anterior.
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Si el control que realiza Sanidade de motu propio no fue tan exhaustivo, al igual que el que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tampoco aumentaron las denuncias de particulares que avisaron de un comportamiento infractor: se quedaron, como en 2013, en 120, pero solo se investigaron 112. Durante 2011, el primer año de aplicación de la nueva normativa antitabaco, hubo 547 quejas de particulares, aunque solo una de cada cuatro acabó en sanción, lo mismo que en 2013. Del año pasado Sanidade no facilita datos de cuántas protestas personales acabaron en multa.
Sí los hay sobre qué denuncian los particulares. Permitir fumar en lugares prohibidos, que está considerada una infracción grave y penalizada con sanciones que van desde los 600 a los 10.000 euros, es el principal motivo de reclamaciones (supone el 45,7 por ciento del total) que conduce a la Xunta a abrir un expediente. Aunque es una falta leve, los propietarios de establecimientos también responden si no tienen una señalización clara de que está prohibido fumar, lo que provocó el 2,1% de las quejas, mientras que carecer de máquinas sin bloqueo para comercializar tabaco suscitó un 5% de los reproches de los usuarios.
El bolsillo de los hoteleros fue también el gran golpeado por otra de las principales fuentes de reclamaciones (un 37% del total): terrazas habilitadas incorrectamente. El que la ley prohíba fumar en el interior de los locales dio pie a multitud de soluciones ingeniosas, pero a veces cuestionables desde el punto de vista de los inspectores, y que pueden acabar con una multa cuya cuantía máxima es de 10.000 euros.
Que los hosteleros son el colectivo que las autoridades tienen más en el punto de mira lo prueba asimismo el que los lugares donde más menudean los inspectores sean este tipo de establecimientos, donde la Xunta y policía concentran el 61% de su actividad, seguidos por los centros de trabajo (que suponen el 21% de los entornos vigilados) y los locales de ocio diurno y nocturno (que representan un 8,7% del total).
Los que se portan mejor son los propios fumadores, que parecen haberse resignado a que el humo está más acotado que nunca y hay fronteras que no conviene traspasar. En 2012, el 5,5% de las reclamaciones eran por fumar en lugares prohibidos, mientras que a Sanidade no le consta ninguna el año pasado.
