"Para que ningún ciudadano pueda adquirir nunca más una vivienda u otro bien en la costa y descubrir después que no le pertenece porque se encuentra en el dominio público marítimo terrestre". Esta es una de las razones que han llevado al Ministerio de Medio Ambiente a publicar por primera vez la línea de deslinde en los más de 10.000 kilómetros de litoral español. El mismo mapa, que se puede consultar en la página web del ministerio, muestra además los varios miles de viviendas en Galicia y en España que permanecen dentro de la llamada zona de servidumbre de protección, un área de cien metros de ancho desde la línea de mar donde las construcciones se encuentran en situación de alegalidad y al margen de la normativa municipal general y están sujetas a un régimen estricto de urbanismo competencia de Costas, con la imposibilidad de cambiar los usos, el volumen o la altura o hacer incluso reformas.

Su legalización, para integrarlas en el planeamiento municipal con pleno derecho, es posible con la última reforma de la Ley de Costas. Son los concellos los que tienen que solicitar su regularización al Ministerio de Ambiente, acreditando, entre otras cosas, que esos núcleos ubicados en la zona de servidumbre ya existían antes de 1988 -antes de iniciarse los deslindes- y reclamando que la zona de servidumbre reduzca su anchura de 100 a 20 metros, que es la distancia que se aplica en el suelo urbano reconocido. Pero de momento, el Gobierno central está rechazando la mayoría de las peticiones y no acepta legalizar esas viviendas.

Así ha pasado, por ejemplo, en Vilanova, A Illa, Poio, Vilaboa, O Grove o Fene, dejando centenares de casas en un limbo de alegalidad. En otros concellos, como Cangas, Sanxenxo, Ribeira, Muros o A Pobra, el ministerio aún no ha contestado o, en su defecto, ha pedido documentación complementaria porque, en principio, no ve suficientes argumentos que acreditan la existencia del núcleo antes de 1988.

Si bien el Gobierno central no dio nunca un cifra del número de viviendas sin regularizar que ocupan la costa gallega, la Xunta calcula que son unas 12.500 las casas levantadas en la zona de servidumbre, en su mayoría vinculadas a núcleos de población de eminente carácter marinero. En estas edificaciones solo se pueden realizar obras de mantenimiento indispensables, para lo que hay que realizar complicados trámites administrativos, y no se pueden ocupar los solares vacíos, así como tampoco cambiar los usos de los inmuebles ya construidos.

Las respuestas positivas de Costas a la regularización de viviendas en el litoral han sido tan escasas (en Baiona o Nigrán), que la conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, ha remitido una carta al ministerio en la que pide que el mayor número de ayuntamientos puedan completar la legalización de sus poblaciones costeras.

Con el mapa publicado ayer por el Ministerio de Ambiente se puede observar en detalle como es el deslinde de la costa "después de un largo y laborioso proceso", según la directora general de Sostenibilidad, Raquel Orts.

Con esta herramienta se pretende que todos los agentes y propietarios sepan las limitaciones urbanísticas que afectan a las edificaciones próximas a la costa y que, si alguien quiere comprar un bien, conozca si está dentro del dominio público marítimo, por que se llevaría una sorpresa, ya que el titular sería el Estado y el ocupante, un inquilino sujeto a régimen de concesión. De ahí la advertencia de Costas de comprobar la ubicación de una vivienda antes de adquirirla para después no tener que descubrir que no es el propietario.

"El segundo gran objetivo trata de conseguir una protección eficaz sobre las costas españolas, facilitando que todos los agentes que actúan sobre el litoral conozcan con claridad qué bienes son de dominio público terrestre y cuáles, aún siendo privados, están afectados por limitaciones", explica en el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado.