Si no se produce ninguna sorpresa como la de Lugo, el PSOE tomará esta semana el control de las diputaciones de A Coruña (el día 16) y de Pontevedra (día 17). Las corporaciones provinciales, sometidas constantemente a debate sobre su papel y utilidad, son no obstante un poderoso instrumento de proyección pública y política que compiten directamente en protagonismo con los ayuntamientos cubriendo los huecos de gestión, por lo general más visibles y mediáticos, que no son capaces de llenar los ayuntamientos por sus exiguos presupuestos. Funcionan, por tanto, también como una plataforma de promoción para los partidos con el añadido de que operan con mayor discrecionalidad y pueden financiar aquellos proyectos o servicios públicos con mayor impacto social y más potencial de retorno en forma de reconcimiento, ya sea institucional o electoral.
De ahí la pugna por hacerse con las presidencias de las diputaciones. Las dos diputaciones de mayor peso en Galicia pasarán esta semana a manos socialistas, que gestionarán anualmente unos 320 millones de euros, de los que 140 se distribuyen entre inversiones y subvenciones.
La de A Coruña, con un presupuesto total de 171,3 millones, tiene programados 21,77 en inversiones, mientras que otros 36,66 figuran como transferencias corrientes y 20,91 como transferencias de capital, que son básicamente subvenciones. La de Pontevedra cuenta con un presupuesto un poco menor, de 148,5 millones de euros, de los que 18,5 millones con inversiones y el resto, 57,6 millones, transferencias corrientes y de capital.
Si finalmente el PSOE recuperara mediante una moción de censura la Diputación de Lugo, entregada al PP por el voto del alcalde de Becerreá que rompió la disciplina del partido al ser apartado en el último momento de la candidatura a la presidencia, los socialistas sumarán otros 38 millones de euros más entre inversiones y subvenciones.
En sus acuerdos para dirigir las diputaciones de Pontevedra y A Coruña -la de Ourense, que se constituye hoy, la conserva el PP-, el PSOE y el BNG conveniaron adelgazar sus funciones, devolviendo o cediendo parte de sus competencias a los concellos y a la Xunta. Pero ahora está por ver cómo se va hacer, tal como advirtió ayer el PP, dado que para realizar ese vaciado de responsabilidades se debe llegar primero a acuerdos con los municipios y la administración autonómica. "Es difícil hacer un pacto programático que dependa de otras administraciones con las que no se ha hablado", terció el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy.
